EL CONGRESO APRUEBA QUE EXPERTOS ANALICEN EL FUTURO DEL CONSTITUCIONAL

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó este martes, gracias a una proposición no de ley de Ciudadanos consensuada con PP y PSOE, crear un “grupo de trabajo” en sede parlamentaria que proponga mejoras para el Tribunal Constitucional.
La formación naranja negoció su propuesta inicial con socialistas y populares, lo que permitió que el texto acordado obtuviese el voto favorable de 242 de los 350 diputados, mientras que hubo 89 votos en contra y cinco abstenciones, procedentes de Podemos y los nacionalistas.
En la proposición que se sometió a votación y que fue aprobada con los votos de Ciudadanos, PP y PSOE, se expresa que "el Congreso manifiesta su voluntad de llevar a cabo una reforma del Tribunal Constitucional con la finalidad de reforzar su independencia y garantizar la rapidez y eficacia de sus pronunciamientos”.
Para ello se llama a crear “un grupo de trabajo con la participación de todos los grupos parlamentarios al objeto de que, en el plazo máximo de ocho meses, estudie y proponga las reformas que se estimen necesarias”.
Estas modificaciones deberían “promover una verdadera y eficaz evaluación de la competencia técnica e idoneidad de los candidatos, revisando los requisitos que deben concurrir para ser propuesto como tal y los procedimientos de nombramiento de los magistrados” del Constitucional.
“MÁXIMA IMPARCIALIDAD”
Además, Ciudadanos, PP y PSOE quieren que se garantice la “máxima imparcialidad” de los candidatos a magistrados, de forma que se refuerce el sistema de incompatibilidades y se revisen los requisitos de antigüedad en el ejercicio, duración del mandato y edad de jubilación.
La proposición aprobada también llama a “garantizar” el cumplimiento de los plazos máximos fijados para que el Constitucional se pronuncie sobre los asuntos a resolver, especialmente en aquellos casos que afecten a los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Este texto fue aprobado por el Pleno después de que el portavoz de la formación naranja, Juan Carlos Girauta, denunciase el “paulatino e injusto descrédito” que consideran ha sufrido el Constitucional como consecuencia de los acuerdos entre PP y PSOE para elegir a los distintos magistrados.
Girauta demandó una reforma que garantice la “verdadera y eficaz evaluación de los candidatos” del Constitucional, algo que podría analizar un “grupo de trabajo”.
El planteamiento de Ciudadanos fue criticado por PP y PSOE, aunque estos partidos presentaron enmiendas para pactar que unos expertos puedan analizar el futuro del Alto Tribunal. Por su parte, los nacionalistas catalanes del PDeCat y de ERC, así como Podemos, consideraron insuficiente el planteamiento del partido de Albert Rivera y demandaron acabar con la reforma de 2015, que faculta al intérprete de la Carta Magna a suspender a políticos que incumplan sus sentencias.