Bruselas cree necesario que los Estados miembros tomen posición de manera más clara en este tipo de regulaciones y también evitar que se escuden en los votos de abstención cuando se trata de decidir sobre cuestiones polémicas.
El sistema funciona "correctamente" en la mayoría de los casos en que es aplicado, según aseguran los servicios comunitarios, que constatan una notable "ausencia de dictámenes" a Veintiocho cuando se trata de asuntos "muy mediáticos".
El procedimiento de comitología establece que los Estados miembros deben validar con su voto en reuniones técnicas los cambios normativos o nuevas medidas que plantee el Ejecutivo comunitario en determinados campos.
Sin embargo, cuando los países no suman mayorías suficientes ni a favor ni en contra de la propuesta en cuestión, ésta vuelve a manos de la Comisión Europea que es quien, en última instancia, decide si sale adelante o no.
Así ha ocurrido durante años, por ejemplo, con la aprobación o renovación de permisos de organismos genéticamente modificados (OGM) en el mercado comunitario, porque tradicionalmente los Estados miembros no han formado mayorías claras en los votos en comitología.
Sólo entre 2015 y 2016, la Comisión se ha visto "jurídicamente obligada" a decidir sobre la autorización de 17 productos o sustancias "sensibles", ante la indecisión de los Estados miembros.
Por ello, entre las medidas que plantea el Ejecutivo comunitario figura contar únicamente los votos a favor o en contra en la fase final de este proceso, para restar valor a la abstención y limitar las situaciones en las que no hay un bloque claro en un sentido u otro.
Los detalles de la propuesta de cambio los ha cerrado esta tarde el Colegio de Comisarios reunido en Estrasburgo (Francia) y están dirigidos a "aumentar la transparencia y rendición de cuentas" por parte de los Estados miembros, a la hora de aplicar la legislación comunitaria.
En septiembre del pasado año, el jefe del Ejecutivo comunitario, Jean-Claude Juncker, adelantó los planes de Bruselas para "cambiar las reglas".
"No es justo", dijo entonces, que cuando los países "no pueden decidir por sí mismos si prohibir o no el glifosato en herbicidas" sea la Comisión quien se vea "forzada" por el Consejo y por la Eurocámara a tomar una decisión.
Entre las novedades que plantea Bruselas también figura elevar a la mesa de los consejos de ministros sectoriales de la UE los expedientes en los que no se logre una posición a nivel técnico, para garantizar que se produce un "debate político" sobre el caso.
También aspira a que sea público el voto de cada Estado miembro en las reuniones de comitología, para dotar de una mayor transparencia al proceso, y permitir a la Comisión solicitar un dictamen de los Veintiocho a nivel ministerial si no hay un resultado en el comité.
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