Esta comisión de investigación, que preside el nacionalista vasco Mikel Legarda, tiene un mandato de tres meses que formalmente termina el pasado 9 de junio. El pasado mes de abril los grupos acordaron por mayoría ampliar el mandato hasta final de año, pero el tiempo se ha echado encima y nadie se ocupó de que este asunto se votara en el Pleno del Congreso.
Cuando han querido hacerlo, ya sólo quedaba alterar el Pleno de esta semana, que es el de los Presupuestos Generales del Estado, lo que requería unanimidad, y el PP y Ciudadanos no han accedido.
Para evitar lo que Legarda ha definido como la "muerte súbita" de la comisión, que sólo ha recibido dos comparecencias -- la del propio exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y la del exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso--, los citados grupos de la oposición han unido fuerzas para forzar una nueva sesión plenaria que permita aprobar la prórroga.
Conforme al Reglamento, el Pleno del Congreso es convocado por su presidente por propia iniciativa o a solicitud del Gobierno, que así lo hizo recientemente para convalidar del decreto ley de reforma de la estiba, pero también a instancias de al menos dos grupos parlamentarios o una quinta parte de la Cámara, mínimos que estos cinco grupos cumplen holgadamente.
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