En el escrito, han señalado que su obligación es "ponerse a disposición de los estamentos internacionales y de los diferentes gobiernos para buscar una solución", subrayando que el actual enfoque proteccionista no lo hace y sí genera problemas éticos y económicos, según han informado este martes los dos organismos en un comunicado conjunto.
Han definido como una obligación jurídica y moral la acogida por parte de la Unión Europea (UE) para que "se dignifique a ella misma como una tierra de acogida que provee refugio a la gente perseguida", poniendo el acento que la búsqueda de una vida mejor de esta gente puede beneficiar a las economías.
En este sentido, el texto ha destacado aportar una "visión económica" a este fenómeno, aunque por encima de todo debe prevalecer una responsabilidad ética de los gobernantes más allá de los votos y las batallas políticas diarias, por eso exige la apertura de un debate entre instituciones públicas y la sociedad civil.
Las dos organizaciones han criticado la suspensión parcial del espacio Schengen al "atentar directamente contra la libertad de movimiento de las personas y las relaciones económicas entre regiones y pueblos europeos" y han sugerido que lo que hoy es visto como un problema por la población se gestione para que signifique una oportunidad tanto para los que necesitan protección como para el conjunto de la sociedad.
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