El Parlamento andaluz rechaza la proposición de ley de IULV-CA que pretendía regular las consultas populares

La proposición de ley, que ha contado con el rechazo de PSOE-A y Ciudadanos, el apoyo de Podemos y la abstención de PP-A, estaba compuesta por 79 artículos y varias disposiciones. El coste económico del desarrollo de la norma era de 1,5 millones de euros anuales, aunque ese cantidad se elevaba a 8,9 millones en caso de celebrarse una consulta.

Si bien, el texto rechazado recogía que no se podrán celebrar consultas sobre asuntos contrarios al ordenamiento jurídico, que sean competencia de otros niveles de gobierno, o cuestionen la dignidad de las personas y los derechos fundamentales y libertades públicas reconocidos por el ordenamiento jurídico.

En defensa de la iniciativa, el portavoz parlamentario de IULV-CA, Antonio Maíllo, ha explicado que la citada proposición de ley persigue que la voluntad popular pueda expresarse más allá del sistema de partidos, porque está comprobado que votar cada cuatro años "no garantiza la democracia".

Maíllo ha señalado que la norma es "solvente, jurídica, política y socialmente" y recoge absolutamente todo lo contemplado en el proyecto de Ley de Participación Ciudadana que aprobó en julio de 2014 el Gobierno andaluz de coalición PSOE-IU y cuya tramitación parlamentaria decayó por la convocatoria de elecciones.

"No es el texto que presentaríamos si fuéramos grupo mayoritario en este Cámara", ha explicado el portavoz parlamentario de IULV-CA, quien ha querido dejar claro que si fuera así habrían sido "más audaces". "Pero se trata del mismo texto, de la primera a la última palabra, que fue aprobado como anteproyecto de ley en la pasada legislatura", ha explicado.

Asimismo, Maíllo ha indicado que esta norma ha sido fruto de un amplio proceso participativo a lo largo de todo un año en toda la comunidad, de manera que casi 5.500 personas han realizado aportaciones, entre colectivos y a título individual.

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS

Por su parte, la diputada del PSOE-A María Márquez ha defendido que su formación comparte la necesidad de elaborar una ley de participación ciudadana y el reto como representantes políticos de mejorar los canales de participación ciudadana. "Queremos avanzar hacia una profundización democrática, ahora y cuando aprobamos el anteproyecto de ley en 2014", ha manifestado.

No obstante, ha destacado que el Tribunal Constitucional (TC) se pronunció sobre la ley de consultas catalana, en la que se basó el referéndum del 9N que hizo el Gobierno catalán". En su opinión, "decir sí a esta ley de Participación es decir sí a la ley de consultas catalana que ha sido declarada inconstitucional". Para Márquez, IULV-CA trae esta iniciativa desde una postura "partidista y con afán de protagonismo".

En nombre del PP-A, la diputada Ana Mestre ha dicho que su partido dice sí a la participación ciudadana y a acercar las instituciones a los ciudadanos, pero que no puede decir sí a esta proposición de ley porque existen informes, entre ellos uno de la Dirección General de Coordinación de Competencias de Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, que apunta "ciertos visos de inconstitucionalidad" en el citado texto.

No obstante, ha apuntado que el PP-A está de acuerdo con muchas cuestiones de esta proposición y que la mejoraría a través de enmiendas. "No sería nuestra ley, pero sí sería parecida", ha señalado Mestre, quien ha explicado que ello lleva a su formación a abstenerse, pero con la "esperanza" de que pudiera tramitarse. Si bien, ha criticado la actitud "sectaria" de PSOE-A y Ciudadanos lo vaya a impedir.

El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha comenzado su intervención poniéndose una peluca de las que llevaban los parlamentarios en los siglos XVIII y XIX. Seguidamente, ha dicho que hoy día se sigue llevando peluca de forma metafórica y ha apelado a los diputados de esta cámara a quitárselas y a apoyar esta ley que pretende transformar "radicalmente" el sistema y llevar a cabo una "revolución democrática" en Andalucía.

"Es un atrevimiento no permitir a los ciudadanos que se pronuncien sobre asuntos que les conciernen directamente", ha manifestado el parlamentario de Podemos, para quien "si tener sexo una vez cada cuatro años no puede considerarse una vida sexual sana, votar una vez cada cuatro años, en el año 2016 no puede considerarse una democracia plena".

Finalmente, la diputada de Ciudadanos Isabel Albás ha dicho que son "muchos" los motivos para rechazar esta iniciativa. Entre ellos, ha mencionado que en el acuerdo de investidura se recoge que el Consejo de Gobierno desarrollará un proyecto de ley de participación ciudadana; y que esta normativa podría vulnerar la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló la ley catalana del 9N". A su juicio, esta proposición de ley es "un eufemismo del referéndum".