Así, el PSOE busca que Gobierno de España, Junta de Castilla y León y Diputación de Valladolid contribuyan "al sostenimiento de los organismos en los que están implicados" como son la Fundación del Museo de la Ciencia, Fundación Patio Herreriano, Fundación Teatro Calderón y Semana Internacional de Cine (Seminci).
Tanto la Junta como la Diputación de Valladolid son patronos de Fundación del Museo de la Ciencia "en virtud de su aportación" pero, según el Grupo Municipal Socialista, ninguna de estas dos administraciones "aporta cantidad alguna" al presupuesto anual de este espacio museístico, mientras que el Consistorio contribuye con más de un millón de euros al año.
También la Junta y Diputación provincial son patronos "en virtud de su aportación" de ka Fundación Patio Herreriano, y la aportación de la institución provincial no existe y la del Gobierno regional "es prácticamente nula".
Asimismo, estas dos administraciones y el Ministerio de Cultura son vocales del patronato de Fundación Teatro Calderón, "pero ninguna de las tres cumple con el compromiso" que marcan los estatutos para ser benefactores "cuyo compromiso de aportación o colaboración anual sea igual o superior a 300.506,05 euros" ya que como ha explicado el PSOE la Junta dejó de hacerlo en 2010 recortando hasta 40.000 euros en 2016.
La Seminci presenta un caso parecido, ya que la Junta y el Ministerio de Cultura forman parte de su consejo rector, y mientras Diputación Provincial ha aportado 45.000 euros en 2016, el Gobierno regional ha pasado de los 400.000 euros en 2008 a los 144.000 euros este año.
Por ello, el PSOE plantea "buscar fórmulas alternativas y promover ajustes oportunos" en dichos organismos y entidades, así como, en la organización de otras actividades culturales municipales que vinieran contando con el respaldo de otras administraciones.
Por otro lado, el Grupo Municipal Socialista instará a la Junta y a la Gerencia Regional de Salud a "retomar de manera inmediata" las obras de ampliación y reforma del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.
Según el plazo de ejecución del contrato era de 57 meses, por lo que su finalización tenía que haber sido en septiembre del 2013, un retraso superior a los tres años, con los problemas de prestación del servicio que ello implica.
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