Asociación contra el acoso escolar critica que Educación no ha distribuido las guías antisuicidios impresas hace un año

Así lo ha manifestado en una comparecencia en la Comisión de Educación de la Asamblea de Madrid, donde ha exigido la "inmediata" distribución de las citadas guías, que llevan impresas, según ha indicado, desde diciembre de 2015.

Fernández ha destacado también la necesidad de "una ley integral de prevención de la violencia en las aulas, que se centre en la evaluación de las conductas de maltrato para cortarlas de raíz y que apueste por el respeto y el buen trato desde los códigos éticos de centros elaborados por todos los alumnos en cada aula y suscritos a la dirección del centro docente y los profesores".

AMACAE ha atendido 230 casos de acoso escolar desde su creación hace tres años y representa exclusivamente a las víctimas del acoso escolar y a sus familias, ya que "solo dos familias han reconocido que sus hijos eran acosadores".

Según Fernández, "no hay datos reales" sobre los casos de acoso escolar en la región y ha advertido de que si se contabilizaran las denuncias por acoso y violencia escolar que se presentan en las comisarías y los ingresos en los hospitales por dicha causa "a más de uno le entraría algún mareo".

"El problema es quizá mayor de lo que pensamos y como no hagamos algo más se nos puede ir de las manos y podemos perder muchos niños por el camino", ha advertido Fernández, quien ha señalado que ya hay niños "muy dañados" y "medicados con edades muy tempranas con ansiolíticos y antidepresivos".

"INDEFENSIÓN"

La representante de AMACAE ha lamentado que "de forma mayoritaria" son las víctimas las que tienen que abandonar el centro docente, "gravemente dañados en muchos casos, estigmatizados ellos y sus familias y con el sabor amargo de que les han dejado solos, de que ni el centro docente ni las administraciones educativas ni la Justicia les han protegido".

También "con el sabor amargo de la impunidad que se ha otorgado a la parte maltratadora y a los centros docentes que lo han permitido", ha agregado, antes de afirmar que la palabra que resume la situación de las víctimas es "indefensión".

Entre otras acciones, Fernández ha pedido "medidas destinadas a la protección de la victima que garanticen su derecho a ir a clase libre de miedo y de conductas que ofendan su dignidad y pongan en peligro su salud e integridad, así como medidas que traten los daños que pudiera presentar como consecuencia del acoso recibido".

Además, ha apostado por "medidas que evalúen y traten al acosador, a efectos de que no vuelva a reincidir, sin descartar las medidas sancionadoras oportunas".

Asimismo, ha abogado por "un buen registro de denuncias por acoso escolar recibidas en la Consejería de Educación por centros docentes a los que previamente se les habría asignado un código a efectos de no tramitar estas denuncias de forma aislada y sin investigar qué problema puede tener un centro con reiteradas incidencias de este tipo".

En este sentido, considera necesario "mayor control" hacia los centros "reacios" a aplicar las normas de convivencia reguladas y los protocolos oportunos para la prevención y sanció ndel acoso escolar, con la "adopción de medidas correctivas y sancionadoras por parte de la Consejería de Educación en estos centros, que no hagan que queden impunes e incluso se les otorguen conciertos adicionales".

Igualmente, ha solicitado "protocolos de intervención más ágiles y desburocratizados" y "que se facilite el servicio de apoyo educativo domiciliario a las familias que presenten informes psiquiátricos que indiquen la imposibilidad de acudir la victima de acoso escolar al centro educativo", así como "mayor sensibilidad y empatía con las familias denunciantes de acoso escolar por parte de la Consejería de Educación".

Por otro lado, ha pedido al Gobierno regional que comunique a la asociación la fecha en la que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, tiene previsto recibirles, según el compromiso que les trasladó por carta el pasado 8 de noviembre.