Con una partida de 25.000 euros incluida ya en los presupuestos para este año, el Ejecutivo suscribirá un nuevo convenio con la Universidad de Oviedo para realizar esta revisión, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.
Además, la Administración autonómica recuperará en 2017 las ayudas a las asociaciones y familiares de represaliados con otra partida de 25.000 euros, con la que pretende impulsar la relación con estas organizaciones y dar un mayor reconocimiento a las familias afectadas.
Asturias es una de las seis comunidades que han asumido "un compromiso firme para la reparación y el reconocimiento de quienes sufrieron persecución y fueron víctimas de la contienda y de la represión posterior", según ha destacado el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana del Gobierno asturiano, el socialista Guillermo Martínez.
El consejero ha presentado estas medidas a la comisión técnica de expertos para la elaboración de este catálogo de vestigios que se ha reunido este jueves y en la que han participado, además del responsable de Presidencia, las directoras generales de Justicia e Interior, Encarnación Vicente, y de Patrimonio Cultural, Otilia Requejo; la directora del Archivo Histórico de Asturias, Concepción Paredes; el alcalde de Siero y representante de la Federación Asturiana de Concejos (FACC), Ángel García; la profesora de la Universidad de Oviedo, María del Carmen García, y la secretaria de la comisión, Consuelo Tello.
Respecto a la elaboración de un catálogo autonómico de vestigios franquistas, la Dirección General de Justicia e Interior ha solicitado la colaboración de los municipios para la localización de este tipo de símbolos. Hasta ahora, han remitido información 57, de los cuales 27 cuentan con algún vestigio y otros 30 no tienen constancia de su existencia.
El objetivo de este catálogo es avanzar en la retirada de símbolos franquistas (escudos, insignias, placas u objetos que exalten la sublevación militar, la guerra civil o la represión de la dictadura), salvo que tengan significado histórico, valor artístico o artístico-religioso o símbolos que constituyan un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro la estabilidad del mismo o cualquier otro aspecto relativo a su adecuada conservación.
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