La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra (con sede en Vigo) ha condenado a seis años de cárcel a Rachel E., una ciudadana nigeriana, acusada de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y de inmigración ilegal, por obligar a una compatriota, que además era menor de edad, a ejercer la prostitución en España.
La sentencia ha sido dictada este martes en la misma sala, donde se ha llegado a un acuerdo por conformidad de las partes, y donde la acusada ha reconocido los hechos que se le imputan por parte de las acusaciones.
Así, se le considera responsable de haber preparado, junto a colaboradores en Nigeria, la captación en ese país africano de la víctima, a la que sometió a un ritual vudú con el fin de amedrentarla y coaccionarla. A la menor se le facilitó un pasaporte falso y 1.000 euros, que luego le fueron retirados, y fue trasladada de Nigeria a París en abril de 2015 con la falsa promesa de que trabajaría como modelo.
En Francia fue recogida por la acusada, con la que viajó a Madrid, y allí, en un club de Las Rozas, fue obligada a ejercer la prostitución para "saldar" la deuda que tenía con sus explotadores, y que superaba los 62.000 euros.
TRASLADO A VIGO
Cuando la chica comenzó a contar su situación a algún cliente, los responsables de la red de trata la obligaron a marcharse, y se decidió su traslado a Vigo para ejercer la prostitución en otro club.
Durante el trayecto en autobús desde Madrid, la joven explicó su situación a un viajero y fue este testigo el que puso sobre aviso a la Policía. De hecho, la joven no llegó a trabajar en el club de Vigo porque fue liberada por agentes de la UCRIF cuando estaba en un piso de la ciudad olívica.
Por estos hechos, la acusada ha sido condenada a seis años de cárcel y a multas que suman 540 euros, como autora de los delitos de inmigración ilegal y trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso medial e ideal con un delito de prostitución coactiva.
A la procesada se le ha aplicado la atenuante de reparación del daño, ya que consignó antes del juicio 750 euros. Además de las multas y la pena de prisión, deberá indemnizar a la víctima (que padece trastorno depresivo reactivo) en 3.000 euros.
Además de la acusada, inicialmente se procesó también a una hermana suya, Betty E., pero la Fiscalía retiró la acusación al entender que no estaba acreditado su conocimiento de los hechos. En consecuencia, fue absuelta por el tribunal.
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