La Corte Constitucional de Colombia pidió opinión a las FARC sobre una demanda relativa al proceso de paz, de cuya resolución pudiera depender el blindaje de los acuerdos que alcance esa guerrilla con el gobierno, según un documento divulgado este lunes.
En el texto, fechado el 21 de abril, el magistrado Jorge Palacio, uno de los nueve que integra el máximo tribunal en relación con la Carta Magna, invita "a los delegados del gobierno nacional y a los delegados de las FARC-EP en la mesa de conversaciones en La Habana", así como a expresidentes y representantes de la ONU, a dar su opinión sobre una demanda interpuesta por el exfiscal general Eduardo Montealegre.
El objeto de la demanda es, según explicó Montealegre el domingo al diario El Espectador, que la Corte declare "que los 'acuerdos' (de paz) suscritos no son simples actos políticos sino que tienen una fuerza equivalente a la de un tratado internacional, y en esa medida, que tienen soporte constitucional vinculante".
El jefe negociador de las FARC en Cuba, Iván Márquez, agradeció este lunes en Twitter la invitación a exponer el punto de vista de la guerrilla y dijo que "elevar al rango de acuerdos especiales los acuerdos de La Habana constituye la vía más expedita para garantizar su seguridad jurídica".
Según Márquez, este "tema se está tratando en la mesa como posibilidad de aseguramiento jurídico de los convenios y de anticipar la terminación del conflicto".
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas) y el gobierno de Juan Manuel Santos sostienen desde noviembre de 2012 diálogos de paz en Cuba para poner fin al conflicto armado que azota al país desde hace más de medio siglo.
Uno de los grandes retos para los negociadores es cómo blindar lo que se pacte, para que en el futuro no pueda ser derogado.
En este sentido, la demanda de Montealegre, que presentó el 28 de marzo, día en que terminó su periodo como fiscal, busca que "las partes tengan la certeza de que, aún con un (futuro) presidente enemigo del proceso de paz, los acuerdos serán obligatorios", explicó.
"De lo que decida la Corte dependerá la categoría que se les dé a los acuerdos que se firmen con la guerrilla. Estos pueden entenderse como unos documentos de buenas intenciones o como la expresión de deberes y obligaciones que vinculan al Estado colombiano y a las FARC", dijo Montealegre a El Espectador.
En Colombia, por lo pronto, la decisión de la Corte de solicitar la opinión de las FARC ha motivado cuestionamientos de la oposición, por el reconocimiento que le da al grupo guerrillero.
El gobierno y la otra organización guerrillera colombiana, el ELN, anunciaron a fines de marzo el paso a una fase pública de conversaciones de paz tras dos años de pláticas informales.
El conflicto armado colombiano, que ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes del Estado y grupos narcotraficantes, ha dejado en más de medio siglo 260.000 muertos, 45.000 desaparecidos y 6,8 millones de desplazados.
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