DISCAPACIDAD. PUBLICADA OFICIALMENTE LA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL DE MURCIA

- Para garantizar la igualdad de las personas con discapacidad. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este miércoles la Ley 4/2017, de 27 de junio, de Accesibilidad Universal de la Región de Murcia, que tiene como objetivo garantizar la accesibilidad a los entornos y la utilización de los bienes, productos y servicios de la sociedad en aras de conseguir la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.
La ley, que persigue que los bienes, productos y servicios de la sociedad puedan ser utilizados en condiciones de igualdad y de forma autónoma por cualquier persona, viene motivada por que Murcia considera necesario actualizar la legislación autonómica existente, teniendo en cuenta los “nuevos conceptos como el de accesibilidad universal”, surgidos por el “avance legislativo producido en nuestro país en materia de accesibilidad como consecuencia de los movimientos sociales y de la normativa internacional”.
La ley regula los siguientes ámbitos: edificaciones, espacios públicos urbanizados y espacios naturales protegidos de uso público; transportes e infraestructuras; telecomunicaciones y sociedad de la información; bienes y servicios a disposición del público y relaciones con las administraciones públicas regional y local; accesibilidad de las actividades culturales, deportivas y de ocio; formación y educación y cualquier otra competencia o ámbito que sea transferido a Murcia y que pueda tener impedimento para la participación de las personas con discapacidad.
Asimismo, se promueven medidas de apoyo a las personas con mayores necesidades de accesibilidad y en especial a las personas con discapacidad, que aporten soluciones a situaciones no resueltas mediante otras fórmulas, como adaptación del puesto de trabajo, ayudas económicas, productos y tecnologías de apoyo, otros servicios personales, y otras formas de apoyo que permitan una mayor accesibilidad, autonomía y seguridad
Además, entre otras medidas, se potenciará el uso de la lengua de signos en la atención al público de las administraciones públicas y de traducción simultánea en los actos oficiales públicos promovidos por estas y se impulsarán campañas educativas y formativas dirigidas a la población con el fin de sensibilizarla en materia de ‘accesibilidad universal’ y ‘diseño para todas las personas’.
La ley recoge también sanciones que van desde los 301 hasta los 300.000 euros en el caso de que se produzcan infracciones leves, graves y muy graves. Por ejemplo, entre las infracciones muy graves, con multas entre 60.001 y 300.000 euros, se encuentran el incumplimiento de las condiciones de accesibilidad en el transporte o en materia de telecomunicaciones y sociedad de la información, cuando tal incumplimiento impida su utilización a personas con discapacidad, o cuando se hubiera puesto en grave riesgo o peligro la salud o integridad física de los usuarios, así como la construcción de edificios sin prever los accesos y la movilidad interior de las personas con discapacidad.