En una entrevista con Europa Press, Rodríguez Villalobos ha desgranado la operación promovida por su institución, para desterrar cualquier posibilidad de contaminación por amianto en una parcela de la calle Jardines de la Granja, en el barrio hispalense de Bellavista, propiedad de la institución provincial y en la que antaño se alzaba una planta de la antigua Uralita.
Las labores de retirada de los terrenos, encomendadas por la Diputación a la empresa especializada Befesa Gestión de Residuos Industriales S.L., comenzaron a finales de abril de 2015 y, tras algunos contratiempos iniciales, se reanudaron en julio de ese mismo año. La operación, como bien desgrana Villalobos, ha supuesto actuaciones sobre una superficie de unos "2.400 metros cuadrados", en dos fases realizadas entre el 9 y el 14 de julio y entre el 25 y el 30 de agosto del pasado año.
"Nuestra primera y primordial preocupación ha sido garantizar la seguridad, salubridad y calidad de vida de todos los vecinos y usuarios de la zona. Este compromiso con el bienestar de la ciudadanía nos ha llevado a abordar un proceso de recuperación voluntaria del suelo, que es pionero en España, en procedimientos y mediciones", ha defendido Rodríguez Villalobos.
EXTRAÍDAS 2.000 TONELADAS DE TERRENO
El presidente, en ese sentido, ha explicado que pese a la retirada de "más de 2.000 toneladas de suelo", con un desembolso de 315.000 euros de dinero público, la actuación acometida por la Diputación en esta parcela ha obtenido un "dictamen desfavorable" por parte de las autoridades, pues "en todo ese proceso de recuperación voluntaria del suelo tan novedoso, es normal que se produzcan discrepancias sobre valores de medición, porque no hay parámetros fijados de toxicidad de amianto en toda Europa".
Dado el caso, la Diputación afronta una "tercera fase" en la retirada de tierras de esta parcela, una actuación "ya licitada y adjudicada, por un presupuesto que está en torno a los 70.000 euros, que afronta nuevamente en solitario la Diputación".
Sobre el coste de estos trabajos, el presidente expone que la Diputación, "como propietaria de esta parcela de Cortijo de Cuarto, es un damnificado más por la empresa Uralita, junto a los vecinos de la zona".
"Siempre hemos dicho que, una vez avanzado el procedimiento de recuperación voluntaria del suelo, ejerceríamos las acciones legales que consideráramos pertinentes para que Uralita asuma su responsabilidad financiera en este proceso de descontaminación", dice Rodríguez Villalobos, según el cual los asesores jurídicos de la institución provincial ya están "estudiando" tal extremo.
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