Esta decisión de los estados se opone a las promesas de Trump de elaborar un registro de musulmanes o de expulsar a todos los inmigrantes indocumentados. Para ello, la Administración federal necesitaría recoger una gran cantidad de datos entre los que se encontrarían los registros de carnets de conducir y de servicios oficiales como la Sanidad, de los que se ocupan los Estados.
Por ahora, los estados de Washington, California, Nueva York y Massachusetts, así como de la ciudad de Nueva York, todos controlados por los demócratas, han manifestado su intención de proteger sus datos de inmigrantes, según The Verge. En ellos se han aprobado propuestas para evitar facilitar datos que permitan elaborar registros en base a raza, nacionalidad y religión.
La oposición a la política de inmigración de Trump llega incluso desde sus propias filas. Phil Scott, gobernador republicano del Estado de Vermont, ha manifestado su disconformidad con las medidas del presidente, anunciando la creación de una "agencia de protección de derechos civiles". Sin embargo, no ha declarado si finalmente proporcionará sus datos de inmigrantes.
No obstante, según los expertos, no aspiran a suprimir las iniciativas de Trump sino a obstaculizarlas. "La razón por la que las autoridades quieren acceder a la información estatal y local es porque su personal y sus recursos son limitades", ha declarado a The Verge Anil Kalhan, profesor de derecho en la Drexel University.
Pese a su oposición, el poder de acción de las administraciones locales puede resultar limitado. Los Estados no podrán ocultar los datos que haya recogido la Policía, dado que todos ellos comparten sus registros con el FBI y la agencia federal de inmigración.
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