Ecologistas pide a administraciones medidas que "protejan el empleo" al ejecutar la sentencia del cangrejo rojo

En una nota, Ecologistas ha incidido en que el cangrejo americano es "dañino para el medio ambiente, por su rápida propagación y por ocupación de nichos ecológicos", por lo que ha considerado que la sentencia del Tribunal Supremo (TS) es "un avance en la conservación de la biodiversidad", pero esta decisión "tiene afecciones socioeconómicas colaterales importantes en la zona del Bajo Guadalquivir derivadas de una desidia y dejación histórica de las administraciones", según añaden.

En Andalucía, la introducción de este cangrejo modificó, según Ecologistas, "drásticamente" el ecosistema marismeño, ya que "ocasionó, además de la desaparición del cangrejo autóctono, disminución de las poblaciones de invertebrados, anfibios y gran número de aves como la cercetas pardillas, las malvasías y patos buceadores, ya que el cangrejo elimina la vegetación acuática base de la alimentación de estas especies".

También la pesca del cangrejo ha supuesto un "importante impacto" por muertes en las nasas de pollos de distintas aves acuáticas, de galápagos y culebras, "llegando a darse por extinguido el galápago leproso en el Brazo del Este por este motivo".

Sin embargo, Ecologistas ha señalado que la presencia del cangrejo "benefició a las poblaciones de especies que lo han incluido en su dieta, como las cigüeñas y los ardeidos". "Ya en 2002, la proliferación de cangrejos y la disminución progresiva de sus tamaños hizo que la Junta de Andalucía decidiese ordenar la producción con experiencias de reproducción controlada", han objetado desde Ecologistas.

Estos intentos de regulación y ordenación "se abandonaron sin muchas explicaciones, perdiéndose una de las vías que hubiera permitido la regulación del sector y el cambio de consideración de la especie, dado que su aprovechamiento habría estado regulado", por lo que "esta inoperancia" de la Junta, "no implicándose en la gestión de una especie que tanto ha transformado los ecosistemas de Andalucía, está también detrás de la sentencia que obliga al cese de esa actividad económica", según la organización ecologista.

Por ello, han añadido que "ahora se tendrá que hacer lo que no se hizo en su día", pues, "obligados" por la sentencia del TS, se ha de regularizar un sector que "carece absolutamente de control sobre el origen de los ejemplares pescados y presenta amenazas serias de comercialización por tallas inadecuadas, pérdida del mercado nacional y problemas de seguridad alimentaria".

Ecologistas en Acción "en ningún caso apoya la eliminación del cangrejo rojo mediante agentes químicos", a lo que "se opone con rotundidad".

SENTENCIA

Así, han dejado claro que no han recurrido al TS sólo por el cangrejo rojo, sino contra el Real Decreto 630/2013, por el que se regula el Catálogo español de Especies Exóticas Invasoras, junto a la Sociedad Española de Ornitología (SEO) y la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos, por otras muchas especies. La sentencia del TS, que dice basarse en informes científicos del CSIC y de otros expertos, "anula la disposición adicional quinta, que posibilitaba la comercialización del cangrejo rojo, al que califica como especie invasora".

De este modo, propone a la Junta que se aplique esta sentencia pero que se haga con el "menor impacto socioeconómico y con la mayor protección del empleo posible".

Igualmente, ha considerado que cumplir la sentencia requerirá el empleo de "mucho personal que tiene que provenir básicamente del sector que ha venido explotando el cangrejo de río americano". Sin embargo, esta medida "no será suficiente", y la Junta "deberá poner en marcha un plan de reconversión que asegure que, dentro de unos años, cuando esta especie haya sido erradicada, esas personas tengan otros empleos de calidad en sus poblaciones".

"Son las administraciones las que tienen que trabajar por conjugar los derechos constitucionales al trabajo y vivir en un medio ambiente saludable", ha insistido la organización ecologista, quien ha concluido también que los habitantes del Bajo Guadalquivir "tienen derecho a empleos dignos en su territorio, y hacerlo sin afectar al medio ambiente".