Fiscalía investiga el papel de alcaldes de Almonte en extracciones de agua en Doñana

En declaraciones a Europa Press, el fiscal delegado de Medio Ambiente, Alfredo Flores, ha asegurado que el objetivo es conocer su posible "cooperación, con el grado que se determine, en la extracción de agua sin control y saber si la actuación de estos alcaldes ha podido favorecerla", lo que supondría su colaboración en la comisión de un delito contra el medio ambiente por distracción de aguas.

Todo ello se enmarca en las diez querellas remitidas por la Fiscalía de Sala sobre las extracciones de agua y la construcción de balsas de riego con afecciones al acuífero 27.

Así, la Fiscalía va a investigar el papel de los tres alcaldes sobre todo en la finca 'Matalagrana' al considerar que "hay base suficiente para determinar cierta cooperación relevante".

Según ha publicado este jueves el diario 'Huelva Información', el abogado de Rocío Espinosa, el penalista Francisco Baena Bocanegra, considera que "no existe base jurídica alguna para incluirles en la causa".

Cabe recordar que el pasado verano se formuló la primera acusación de estas diez querellas, en la que la Fiscalía solicitó tres años y diez meses de prisión para cada uno de los seis acusados de extraer agua sin autorización en Doñana en una finca ubicada en Almonte, conocida como 'La Borrachuela', y cuya causa está instruyendo el juzgado de Instrucción número 3 de La Palma del Condado.

El fiscal consideró que estos hechos constituyen un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, causando perjuicio grave al equilibrio de los sistemas naturales.

Cabe recordar a su vez que, por auto de fecha de noviembre de 2014, se acordó por el Juzgado de Instrucción la medida cautelar de precinto de los pozos ilegales, medida que fue sustituida por la Sala en auto de fecha julio de 2015 por una medida cautelar menos gravosa consistente en la instalación de un contador en cada pozo a costa de los acusados así como control de que no había otras vías de extracción de agua y lectura de contadores periódicamente por el Seprona.

AUTORIZACIÓN DE LA CHG

El fiscal recuerda que la extracción de agua subterránea de la cuenca requiere autorización que concede la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, teniendo en cuenta la disponibilidad del recurso en función del balance hídrico, en el que también se debe considerar el caudal ecológico o de mantenimiento, de manera que el volumen total de agua extraído no sea nunca superior al disponible en el conjunto de la unidad hidrográfica. Es por ello necesario un conocimiento preciso de las entradas y salidas de agua del acuífero, por lo que su detracción sin autorización contribuye a alterar los principales valores del Parque Natural, comprometiendo su futuro.

Los hechos han tenido lugar en la zona de influencia del Parque Nacional de Doñana, así declarado en 1962 y reconocido como uno de los humedales de mayor valor del mundo, incorporado a la Lista de Humedales de Importancia Internacional (Ramsar) desde 1982, estando el parque amparado por varias figuras de protección a nivel nacional e internacional.

En la comarca de Doñana se localiza el acuífero 27 'Almonte-Marismas', que comprende dos unidades hidrológicas. Se trata de un acuífero detrítico de grandes dimensiones --unos 2.500 m--, con una zona libre delimitada por las arenas, y una zona confinada, bajo la marisma, que tiene una gran relevancia medioambiental y humana, pues alimenta al Parque Nacional.

En el parque, el agua subterránea juega un papel esencial tanto para la generación y mantenimiento de medios naturales muy diversos y ecológicamente valiosos, como para la subsistencia y desarrollo de una población, que depende casi enteramente del agua subterránea para su abastecimiento y para el regadío.