En comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha apuntado que no han existido "irregularidades" sino una "controversia competencial" en torno a esta fórmula y reconoce que "se debería haber arbitrado ese acuerdo con todas las universidades, no con una sola".
El consejero ha explicado que el Programa de la UNIA conocido como Becas del Santander fue el resultado de un compromiso establecido entre la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y el entonces presidente del Banco de Santander, Emilio Botín, para impulsar el esfuerzo colaborativo a favor del empleo y la inserción laboral entre el mundo de la empresa y la Administración.
Este acuerdo se tradujo inmediatamente en un Programa especial de prácticas profesionales en empresas, donde la Consejería de Empleo aportaba 900.000 euros, el Banco de Santander aportaba 900.000 euros y las empresas participantes otros 900.000 euros por convocatoria.
Este programa de Becas SAE-Banco Santander-UNIA forma parte del programa Emple@Joven. El programa estaba dirigido a jóvenes en situación de desempleo con titulación oficial universitaria o de Formación Profesional de Grado Medio o Superior. Los oferentes de prácticas eran empresas, autónomos y entidades privadas sin ánimo de lucro. Las becas estaban dotadas con 2.700 euros para prácticas profesionales y tienen una duración de seis meses.
Ha explicado que la gestión, tramitación y el abono de las becas la ha desarrollado la UNIA que asimismo, y en colaboración con el SAE, ha realizado la selección de los perfiles que más se adecuaban a las necesidades de cada empresa. Durante el proceso, se ha seleccionado a los solicitantes que cumplían los requisitos demandados por las empresas y se ha enviado la propuesta a las mismas.
Asimismo, ha indicado que en última instancia, eran los oferentes de prácticas los que finalmente han seleccionado a los beneficiarios o beneficiarias de las becas.
El programa ha tenido dos convocatorias en 2014 y 2015. En cuanto a la convocatoria de 2014 en el Servicio Andaluz de Empleo los beneficiarios que han completado los seis meses de práctica han sido 736, los beneficiarios que renunciaron una vez iniciada la práctica fueron 147, ello tuvo un impacto de ejecución presupuestaria de más de 1,4 millones de euros. (1.462.430 euros).
Tomando los datos de la convocatoria de 2015 los beneficiarios que han completado los seis meses de práctica han sido 752, los beneficiarios que renunciaron una vez iniciada la práctica fueron 117, ello tuvo un impacto de ejecución presupuestaria de más de 1,5 millones de euros (1.564.200 euros).
El consejero ha explicado que en la convocatoria de 2014 "hubo un elevado número de solicitantes, muy superior a las expectativas iniciales (30.625)", y la participación femenina de las becas concedidas fue mayoritaria alcanzando el 57 por ciento.
La mayor parte de los becados son universitarios (65 por ciento), y se confirma que el conocimiento de idiomas parece un rasgo valorado por las empresas a la hora de contratar a los becarios. Por tanto, aquellos solicitantes con mejor conocimiento de idiomas han tenido más posibilidades de obtener la beca.
El consejero ha precisado que "una gran mayoría de las empresas oferentes operan en el sector servicios (87,8 por ciento), y dentro del mismo destacan los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas (14,7 por ciento), actividad sanitaria y de servicios sociales (10,2 por ciento), comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos de motor y motocicletas (8,1%), educación (7,7%), informática y comunicaciones (7,5%)".
El consejero ha indicado que las empresas que han acogido becarios incluidos en este programa tienen pequeña dimensión, de forma que un 75% de ellas cuenta con un nivel de facturación anual menor a un millón de euros.
Arellano ha precisado que "al poco tiempo de finalizar el programa se constató que el 37,65% de los becados había encontrado trabajo tras su periodo de prácticas", y ha resaltado que la valoración global del programa por parte de los beneficiarios alcanzó más de un siete sobre 10.
En cuanto a la convocatoria de 2015, los parámetros fueron muy similares, de forma que se elevó sobre el total de becas concedidas la participación femenina y universitaria. Asimismo, la estratificación de las empresas por sectores económicos siguió la misma tónica que en la convocatoria de 2014.
En cuanto a la "controversia competencial" que hay en torno a las mismas, el consejero ha explicado que la cuestión "reside en la propia definición de prácticas no laborales para la formación, y por tanto su inclusión o no en el Régimen General de la Seguridad Social".
En ese sentido, ha dejado claro que el SAE "actuó conforme a la normativa andaluza, ya que el ámbito de aplicación de la normativa estatal no era de aplicación", y ha dejado claro que "la propia Seguridad Social avaló esta circunstancia".
No obstante, ha recordado que la Inspección Provincial de Trabajo de la Seguridad Social de Málaga "realizó otra interpretación que instaba a incluir dichos contratos bajo el Régimen General de la Seguridad Social y no bajo la cobertura de un seguro de enfermedad y responsabilidad civil".
Ante esta controversia se ha abierto un expediente sancionador a la UNIA por aproximadamente 1,2 millones de euros, una sanción que está en estos momentos en fase administrativa.
En ese sentido, la Consejería muestra su "absoluto respeto" al proceso y espera que se dirima "lo antes posible". No obstante, ha dejado claro que "dada esta controversia, se ha dejado de usar esta fórmula".
CONTRATACIÓN DE INVESTIGADORES
El consejero ha apuntado, por otra parte, que a través del Fondo Social Europeo se ha contratado a jóvenes investigadores y tecnólogos por un valor de 61 millones de euros, mediante contratos en formación con altas en la Seguridad Social.
Este proceso tiene dos fases. Así, en la primera fase que está en ejecución, las universidades han convocado 1.300 contratos de técnicos de apoyo a la I+D, por valor de 37 millones de euros, para menores de 30 años y con una duración de seis meses prorrogables otros seis meses. En la segunda fase, que está prevista en otoño de 2017 se destinarán 24 millones a contratar personal investigador y personal investigador doctor, según las necesidades demandadas por las universidades.
Para Arellano, "ésta es la fórmula por la que debemos transitar, dotando de seguridad jurídica y dándole perspectivas laborales cierta a la juventud andaluza".
La diputada de IU Elena Cortés ha valorado la "sinceridad" del consejero en sus palabras sobre las becas UNIA-Santander, auque considera que este programa "no se ha gestionado bien", y ha pedido que "se pase de gestionar becas a contratos con garantías".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios