Una asociación de médicos australianos decidió llevar ante la justicia varias leyes que impiden informar de las condiciones de los campos de detención de inmigrantes gestionados por Australia en varias islas del Pacífico.
Según varios testimonios, las condiciones en los campos de Nauru y Papúa Nueva Guinea, donde son expulsados los refugiados que intentan llegar en barco a Australia, son deplorables y se habrían producido casos de abusos sexuales.
El año pasado el gobierno conservador australiano aprobó nuevas medidas que castigan a los empleados de departamento de inmigración, incluyendo a empleados externos como médicos o personal humanitario, a desvelar información sobre lo que ven.
"Tal y como está la ley, una persona que informa sobre las condiciones en los centros de detención puede ser condenada a dos años de cárcel", dijo Barri Phatarfod, de Doctors for Refugees, que ha llevado la cuestión ante la justicia.
La organización considera que la legislación, que también ha sido denunciada por la ONU, viola la libertad de información política y en consecuencia es inconstitucional.
"La política con los refugiados es un tema político central en Australia y es muy importante que los australianos pueden saber lo que se está haciendo en su nombre", dijo por su parte Meghan Fitzgerald, de Fitzroy Legal Service, que está llevando el caso ante un alto tribunal australiano.
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