Así, el Informe también constata una elevada preocupación de los organismos internacionales (ONU-CERD,OSCE, Consejo de Europa y Unión Europea) de defensa de los derechos humanos por el discurso y el auge de movimientos extremistas y partidos que hacen "propaganda" racista, xenófoba antisemita e islamofoba, "para impulsar la destrucción de los valores democráticos".
Asimismo, señala que la monitorización realizada en España se acerca a unos 500 incidentes o hechos relacionados con delitos de odio racial, xenófobo o de otra intolerancia criminal durante el año 2016. En la Comunidad de Valencia se han registrado 93 incidencias, en Madrid 72, en Cataluña se han contabilizado 58, en Andalucía 57, Castilla-León cuenta con 31, Aragón con 27, y Baleares, Murcia, Euskadi, Navarra con más de 20, detectándose incidentes en todas las comunidades autónomas.
Además, en un diagnóstico de la situación sobre aspectos a los que, a su juicio, no se está prestando la debida atención social e institucional, señala que continúan produciéndose "numerosas" agresiones por individuos racistas o grupos neonazis, y que han crecido socialmente los incidentes de xenofobia y de otras manifestaciones de intolerancia frente a inmigrantes, musulmanes, gitanos y otras personas con diversidad religiosa y social.
En este punto, ha alertado también sobre otros hechos como la utilización "del hambre y los alimentos" por grupos xenófobos para excluir a inmigrantes y alterar la convivencia democrática, la existencia de "viveros de grupos racistas y neonazis" en los fondos ultras de los campos de fútbol o la difusión del mensaje populista y xenófobo de las organizaciones extremistas europeas.
Por ello, la asociación pretende "llamar la atención" a las instituciones para que sean más "proactivas" y reclamar a ayuntamientos, comunidades autónomas e instituciones próximas a los ciudadanos un mayor compromiso que incluya el apoyo a las organizaciones sociales que trabajan en defensa de las víctimas y en prevención de los delitos de odio.
Asimismo, en cuanto al Gobierno y al Parlamento español, reconociendo los avances los últimos años, reclama la necesidad de un Plan de Acción y una Legislación Integral, así como la concreción de un apoyo efectivo a las victimas de delitos de odio y "proceder al cierre de 'sites' en internet que promuevan el discurso y el delito de odio".
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