PNV cree que no se puede exigir judicialmente que ETA se arrepienta y delate pero exige reconocer que matar estuvo mal

PNV cree que no se puede exigir judicialmente que ETA se arrepienta y delate pero exige reconocer que matar estuvo mal
PNV cree que no se puede exigir judicialmente que ETA se arrepienta y delate pero exige reconocer que matar estuvo mal
EUROPA PRESS
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La presidenta del BBB del PNV, Itxaso Atutxa, cree "importante" que la sociedad civil si sitúe junto a los partidos políticos y el Gobierno vasco para que haya un desarme de ETA, aunque no ve que "individuos, de forma personal", tengan que involucrarse, como pasó en Luhuso con el arsenal de armas, con el "riesgo tan grande" que ello supone.

Además, ha pedido a ETA y la izquierda abertzale que "reconozcan que matar estuvo mal", aunque ha apuntado que "el arrepentimiento y la delación" no se puede exigir jurídicamente para acceder a los beneficios penitenciarios.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Atutxa ha manifestado que la sociedad civil debe tener un papel "importante" en el desarme por "el acompañamiento que debe ofrecer".

"Creo que lo que el PNV, a través del lehendakari, y su Gobierno, ofrecieron a ETA como salida y alternativa hace más de dos años (Plan de Desarme) era una vía que mostraba también un camino abierto para que la sociedad vasca pudiera ser copartícipe", ha añadido.

En este sentido, ha recordado que Iñigo Urkullu "hablaba ya, entonces, de que el desarme era algo que ETA debía a la sociedad vasca, que podía hacerse ante las instituciones vascas, que era una forma también de que ETA limpiara su culpa ante la sociedad vasca".

"Creo que el acompañamiento a través de movimientos sociales que los dirija el Foro Social, en el que participan partidos políticos, asociaciones y sindicatos muy representativos de la sociedad vasca, realmente será importante", ha añadido.

A su juicio, "es verdad" que no ve que "individuos de forma individual, miembros de esta sociedad, tengan que participar como pasó el otro día en Iparralde", en Luhuso, con un arsenal de armas, "corriendo ese riesgo tan grande y con la repercusión tan grande que después va a tener a nivel personal en esos hombre y mujeres que, con la mejor voluntad decidieron dar un paso".

No obstante, considera que "sí es importante que la sociedad civil se sitúe conjuntamente con los partidos políticos y con el propio Gobierno en esta tarea".

"Otra cosa es que, después, técnicamente, tenga que haber alguien que lo certifique, más allá de los agentes internacionales que, en su momento, han sido reconocidos por parte de ETA, aunque no por parte del Gobierno español para hacerlo. Pero, después, la forma efectiva suele ser la de la Policía de un país o de otro, en este caso podría ser la Ertzaintza quien hiciera una certificación en un momento determinado, pero eso ya quedaría en manos del propio Gobierno vasco en este sentido que adecuaría las fórmulas", ha manifestado.

En esta línea, ha explicado que no ve a "diez personas recogiendo armas o haciendo la verificación de un sellado o de la situación de fusil o de una carga explosiva". "Creo que eso tiene que ser mucho más técnico. Se tiene que poder diferenciar la parte más técnica de la parte más políticas, si es que la hay", ha apuntado.

PRESOS

Sobre el hecho de que el colectivo de presos de ETA, EPPK, vaya a asumir la legalidad, pero sin "delación ni arrepentimiento", ha precisado que el Código Penal "no contempla" esto. "Por lo tanto, esto es algo que ahora el Gobierno español está exigiendo también de forma bastante contundente, cuando, en realidad, no tiene disposición jurídica en la que apoyarse para ello", ha indicado.

Sin embargo, ha dicho que ella sí que pide a los miembros de ETA e incluso a los de la izquierda abertzale que "reconozcan que matar estuvo mal y estará mal siempre, pero la delación es otra cosa y el arrepentimiento expreso".

"Ninguna de las dos cuestiones está dentro de la legislación española. Por lo tanto, espero que tanto instituciones penitenciarias como los jueces penitenciarios sean suficientemente estrictos a la hora de reconocer que no tienen base jurídica para exigirlo", ha concluido.

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