Desde Participa Sevilla, Óscar Mitilo, ha explicado a Europa Press que a primera hora de la mañana ha acudido hasta el Polígono Sur la comisión judicial, donde ha encontrado una concentración "con alrededor de 40 personas, la mayoría vecinos de la zona", así como la edil de Participa Cristina Honorato, donde se pedía que dejaran a Sergio, frutero en el barrio, y a su esposa María, que padece una grave enfermedad, en la vivienda.
Según informan fuentes municipales a Europa Press, desde que la Oficina de la Vivienda tuviera conocimiento de la situación, después de que los afectados pidieran ayuda hace una semana, se comenzó a trabajar en el caso, realizando una valoración de la viabilidad de intervención en el procedimiento judicial en este momento. Se les indica que se podría solicitar un abogado de oficio, ya que no han contado con asesoramiento legal en ningún trámite del procedimiento, y se intenta parar el desalojo con un escrito dirigido al juzgado.
Pese al rechazo de paralización primero del juzgado de instrucción, se comunica al juzgado interviniente que se está procurando una solución habitacional, se pide de nuevo que se pare y se acredita la situación de exclusión. De su lado, la Unidad de Trabajo Social "garantiza que haya una solución inmediata en caso de desalojo, con una plaza en un alojamiento", siendo un recurso básico mientras se avanza en los otros, como son ayudas directas al alquiler, a largo plazo en caso de cumplir con los requisitos de Servicios Sociales y contar con un informe de excepcionalidad.
En este marco, Honorato afirma que se le ha realizado a la familia un ofrecimiento de "tres meses en un hostal", estando "una persona enferma grave y dos niños escolarizados en el Polígono Sur". "Quieren la vivienda vacía para que el banco pueda volver a especular con ella", señala, tras pedir a la Oficina de la Vivienda "que tenga la misma contundencia con las entidades financieras que la que tiene para negociar con los ciudadanos".
Además, critica que "no se esté ejecutando" el protocolo firmado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), teniendo en cuenta que "se producen dos lanzamientos al día de diferentes conceptos judiciales" y que a la Unidad Municipal de Emergencias Sociales y Exclusión Social de Sevilla (Umies) "sólo llega una cuarta parte". "Cada día hay desahucios silenciosos", lamenta.
Por ello, pide al Ayuntamiento que se haga un seguimiento del cumplimiento del protocolo y propone que, cuando se inician este tipo de procedimientos, se informe a las familias afectadas sobre lso dispositivos existentes y que la Oficina de la Vivienda pida al juez información sobre los procedimientos iniciados, "como se hace en otras ciudades". También, apuesta por activar el Consejo de la Vivienda para recabar nuevas ideas sobre el tratamiento de estas situaciones.
Honorato advierte de que se necesitan "500 viviendas de urgencia" y apuesta por el desarrollo de un plan para movilizar la vivienda vacía de particulares, a través de ayudas al alquiler y bonificaciones, una propuesta que fue rechazada en Pleno por el PSOE y que ya se realiza en otras zonas, como Zaragoza. "El problema es que para el Ayuntamiento no es un asunto prioritario, porque si quisieran se buscarían soluciones", concluye.
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