En este sentido, la diputada de la formación morada Libertad Benítez expone en la cuestión, consultada por Europa Press, que desde el año 1996 y hasta ahora la Agencia Pública Andaluza de Educación se ha "desentendido" de este servicio básico y público, "ofreciéndolo en subasta pública a la empresa privada que presente la oferta más ventajosa económicamente, lo que ha favorecido el enriquecimiento de las empresas adjudicatarias del mismo, en detrimento de las condiciones laborales de los intérpretes con cada nueva adjudicación".
"Existen provincias donde el servicio se ha adjudicado a dos empresas diferentes; en otros casos hay alumnos desatendidos o se produce la extinción de la titulación de intérprete de lengua de signos", precisa Podemos respecto a un grupo creado gracias a un acuerdo entre la Consejería de Educación y la Federación Andaluza de Asociaciones de Sordos como un servicio "pionero" atendiendo al criterio de servicio básico para las personas con discapacidad auditiva, puesto que existía una suficiente demanda para ello.
La demanda de intérpretes de lengua de signos en las aulas a través de la familia o el propio centro se ha ido incrementando año tras año, hasta alcanzar los casi 180 profesionales actuales. Por ello, Podemos se pregunta qué ocurrirá en el ámbito andaluz con este colectivo externalizado de intérpretes de lengua de signos "una vez que se incorporen los mediadores y tras la desaparición de la titulación específica de interpretación".
El pasado mes de mayo unas 200 personas participaron en una manifestación convocada por el colectivo de intérpretes de lengua de signos en centros educativos públicos de la Junta de Andalucía, desde la Plaza de la Encarnación de Sevilla hasta la sede del Parlamento andaluz, en el marco de una huelga saldada, según precisaba a Europa Press una de sus portavoces, Isabel Jódar, con un 80 por ciento de seguimiento, con una adscripción total en las provincias de Almería, Huelva, Jaén y Sevilla.
Durante los pasados años escolares el sector inició movilizaciones, tanto a nivel provincial como regional, con el objetivo de reivindicar la mejora de sus condiciones laborales y de ser asumidos como personal laboral por la Junta de Andalucía, que es para quien realmente trabaja, desarrollando su labor en centros educativos públicos y formando, por tanto, parte del proceso educativo del alumnado con diversidad funcional auditiva y haciendo posible, día a día, codo con codo, con el profesorado, que su educación sea "igualitaria e inclusiva".
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