Según ha informado la Junta, esta actividad, que se va a llevar a cabo en todas las provincias andaluzas, ha sido organizada por la asociación que representa a estos profesionales (Aprovada) y cuenta con el apoyo de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia, organismo dependiente de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales.
Su desarrollo ha tenido lugar en la Delegación territorial del ramo, y entre los asistentes estaban el presidente de Aprovada, David Núñez; el jefe del servicio de Valoración de la Dependencia en Huelva, Álvaro Morcillo, y, en representación del Colegio de Trabajadores Sociales de Huelva, Teresa Limón, junto con los 12 profesionales de este ámbito que trabajan en la provincia onubense.
En las diferentes intervenciones, los participantes han destacado "el papel esencial de este personal técnico, que es el responsable de aplicar los baremos recogidos en la ley y determinar cuál es el grado de dependencia de los ciudadanos que solicitan acogerse al sistema". Asimismo, han analizado los avances y novedades que conlleva tanto para el colectivo como la población la nueva Ley de Servicios Sociales impulsada por la Junta de Andalucía.
El personal encargado de la valoración de la dependencia depende directamente de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia. Entre sus funciones también figura la realización de las revisiones de aquellos casos en los que se produce un cambio en la situación de la persona dependiente. Una vez completada su actuación, los expedientes son devueltos a los servicios sociales comunitarios para la elaboración de los Programas Individuales de Asistencia (PIA), en función de la propia valoración y de otros factores.
En la actualidad, en la provincia de Huelva un total de 13.157 personas tienen acceso a las prestaciones reconocidas en la Ley de Dependencia, entre las que se incluyen la atención en unidades de estancia diurna y residencias, las ayudas para el cuidado en el entorno familiar, la teleasistencia o la ayuda a domicilio, según informa la Junta.
Por último, desde la Administración andaluza destacan que la intensa actividad de los profesionales valoradores está permitiendo que las solicitudes recibidas se atiendan prácticamente sin demora, agilizando la tramitación y favoreciendo así la concesión de las prestaciones contempladas en la norma.
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