VIOLENCIA GÉNERO. EL DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE EXPLICACIONES ANTE LA CAÍDA DE LAS SUSPENSIONES DE VISITAS DE PADRES MALTRATADORES

El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, ha iniciado una actuación de oficio ante la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género con el objetivo de conocer los motivos por los que ha aumentado el incumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y ha descendido la suspensión del régimen de visitas de maltratadores a sus hijos.
La institución ha solicitado a dicha delegación que evalúe el impacto de las últimas normas para proteger a las víctimas de violencia machista y a sus hijos, teniendo en cuenta que el último informe del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, publicado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), mostró que “en el primer trimestre de 2017 se han triplicado los quebrantamientos de órdenes de alejamiento, alcanzando casi un 10%, y han caído un 3% las suspensiones del régimen de visitas de los padres maltratadores a sus hijos y un 5% la retirada de la custodia”.
El Defensor del Pueblo considera necesario otorgar protección rápida y eficaz a los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género para evitar que se sigan produciendo asesinatos de menores de edad a manos de sus padres maltratadores. En los últimos cuatro años 21 niños han sido asesinados.
Asimismo, esta institución mantiene abierta otra actuación a la espera de recibir información sobre las medidas específicas adoptadas para el desarrollo de la Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, y la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia en todo lo relacionado con hijos e hijas de víctimas de violencia de género.
Ya en 2014 solicitó favorecer la supresión de las visitas y comunicaciones de los imputados por malos tratos con sus hijos con el fin de prevenir posibles riesgos y garantizar por ley un examen individualizado del régimen de visita de cada menor afectado por una situación familiar de violencia de género.
Además, comparte el criterio de Naciones Unidas, que, a través de su Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw), recomendó a España que los antecedentes de violencia de género sean tenidos en cuenta en el momento de estipular los derechos de custodia y visita relativos a los hijos.