Agricultura dice que la finca la almoraima no merece una protección medioambiental especial

El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente señaló este lunes que los terrenos de la finca La Almoraima, que el Gobierno ha decidido vender y que la Junta de Andalucía quiere incorporar al Parque Natural de los Alcornocales, "no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial".
La finca La Almoraima era de propiedad privada hasta que fue expropiada en 1983, siendo en la actualidad propiedad de la sociedad La Almoraima, S.A., cuyo accionista único es el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
El Plan de racionalización de estructuras de la Administración General del Estado que ha puesto en marcha el Gobierno incluye la extinción de la sociedad La Almoraima, S.A. En este proceso, el Gobierno ha decidido vender la finca, devolviéndola de esta forma a la propiedad privada, "en el marco de su firme intención de reducir las estructuras de gasto público y promover una gestión eficiente y sostenible de la finca, garantizando la máxima conservación medioambiental de la superficie protegida", según afirma el Ministerio en un comunicado.
Por ello, Agricultura indica que la intención "de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de ampliar los límites del Parque de los Alcornocales a nuevos terrenos de La Almoraima" no responde a criterio alguno relativo a valores medioambientales.
"En realidad, dichos terrenos de la finca constituyen una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial", agrega.
Ante esta polémica, Agricultura afirma que lamenta que "la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de Andalucía pretenda paralizar el plan especial de ordenación de usos, con la única intención de impedir las posibilidades de crecimiento económico y social que dicho plan supondría para los municipios de Castellar de la Frontera y del Campo de Gibraltar. Estos municipios resultarían claramente perjudicados de ejecutarse la decisión de la consejera, al perder una gran oportunidad de desarrollo para sus poblaciones".