Dublín, 5 jun.- Amnistía Internacional (AI) aseguró hoy que las autoridades británicas que "toleraron o autorizaron" el uso de la tortura durante el conflicto en Irlanda del Norte deberán rendir cuentas" de sus actos ante la Justicia.
La organización humanitaria planteó esa cuestión después de que la cadena pública irlandesa RTE emitiese anoche un documental en el que afirma que el Gobierno del Reino Unido ordenó el uso de la tortura en la provincia británica en la década de los 70.
Según este medio, Londres no presentó pruebas pertinentes que estaban en su poder ante la Corte Europea de Derechos Humanos.
Para AI, estas acusaciones ponen de relieve el fracaso de las autoridades británicas para establecer un mecanismo capaz de lidiar con el legado del pasado conflicto, que causó 3.500 muertes hasta la firma en 1998 del acuerdo de paz del Viernes Santo.
Esa organización recordó hoy que el Gobierno irlandés demandó al Reino Unido ante la Corte Europea de Derechos Humanos en 1971 por violar supuestamente la Convención Europea de Derechos Humanos, en el primer caso en el que un país llevaba a otro a esa instancia judicial.
Gran parte de la demanda presentada por Dublín giró en torno a los casos de tortura supuestamente cometidos por las autoridades británicas tras la introducción de la política de internamiento sin juicio de sospechosos de terrorismo.
El documental de la RTE, titulado "Los Archivos de la Tortura", está basado en investigaciones desarrolladas por el Centro Pat Finucane de Irlanda del Norte, una ONG que promueve la defensa de los derechos humanos en la región.
Finucane, abogado católico que defendió a miembros del IRA, fue asesinado en su casa, delante de su familia, por un pistolero del grupo terrorista Asociación para la Defensa del Ulster (UDA) en 1989, en supuesta connivencia con las fuerzas de seguridad británicas.
"No pasa una semana sin que haya otra revelación acerca del tortuoso pasado en Irlanda del Norte", lamentó hoy John Dalhuisen, director de AI para asuntos de Europa y Asia Central.
En su opinión, el hecho de que haya sido una ONG y periodistas los que han revelado "el fracaso del Estado para admitir que permitió la tortura", recuerda que no hay un "sistema eficaz para hacer frente al pasado".
"Estas nuevas acusaciones y otros casos horribles subrayan la necesidad de que todas las partes digan la verdad sobre su papel en esta sórdida historia. Todos aquellos responsables de tolerar o practicar torturas, un delito de acuerdo con la ley internacional, deben de rendir cuentas", agregó Dalhuisen.
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