Madrid.- El informe del Defensor del Pueblo recoge una reducción del total de quejas registradas en 2009 -79.386, frente a 92.388 en 2008) y un aumento de las presentadas por los ciudadanos de forma individual, muchas de ellas por la crisis.
El último informe anual, presentado hoy por el Defensor a los presidentes del Congreso y del Senado, muestra que durante 2009 se registraron 22.287 expedientes, que incluyen las quejas individuales y colectivas formuladas por los ciudadanos y los iniciados por las investigaciones de oficio promovidas por la propia Institución, lo que supone 1.612 expedientes menos respecto a 2008.
El número de quejas individuales presentadas el pasado año fue 18.392 (2.588 más que en 2008), la cifra más alta de contabilizadas por esta institución.
Con respecto a las quejas colectivas, se iniciaron un total de 3.626 expedientes nuevos, el 53 por ciento menos que la cifra registrada en el año anterior; y se iniciaron de oficio 269 investigaciones (16 más que el año anterior).
El mayor número de quejas fue remitido desde las comunidades autónomas más pobladas, colocándose en primer lugar la Comunidad de Madrid (23,50%); seguida de Cataluña (15,89%), Andalucía (12,87%) y Valencia (10,80).
Por sectores de actividad, destaca la frecuencia en el número de quejas que planteaban disfunciones en la actuación de las administraciones públicas en materia económica, vinculadas a los impuestos y tributos, las telecomunicaciones, la ordenación económica y financiera general, pero también con las infraestructuras y los transportes.
También destaca, respecto a 2009, el número de quejas relativas a los asuntos de política social, sanidad y trabajo, y Seguridad Social.
La Administración de Justicia o las quejas sobre urbanismo y vivienda han sido otros de los motivos mayoritarios de discrepancia, especialmente de las de carácter individual, junto a las referidas a las dificultades en la gestión de asuntos migratorios.
"Hay que tener muy en cuenta las circunstancias que han caracterizado al año 2009, en el contexto de una crisis económica que viene afectando, directa o indirectamente, a todos los ciudadanos, tanto en España como en la mayoría de los países; un período de dificultades que pone a prueba la solidez de nuestras estructuras sociales", explica el informe.
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