Castilla y león cree que la devolución de la gestión del guadalquivir al estado afectará al proceso del duero

VALLADOLID, 22 (SERVIMEDIA/ICAL)

El consejero castellano y leonés de la Presidencia y portavoz, José Antonio de Santiago-Juárez, aseguró hoy que el fracaso de las negociaciones entre el Gobierno y la Junta de Andalucía sobre la gestión del Guadalquivir afectará al proceso que el Ejecutivo autonómico mantiene también abierto después de que se declarará inconstitucional la asunción de esta competencia por parte de la Comunidad.
Por ello, ahorala Junta que pidió en septiembre explicaciones, examinará ahora “qué ha pasado” para que no alcanzaran un acuerdo.
En ese sentido, De Santiago-Juárez afirmó en un receso de la jornada sobre la ordenación del territorio que las “dificultades” que ha tenido Andalucía para continuar gestionado el río Guadalquivir afectará al protagonismo que la Junta ha reivindicado tener sobre el Duero.
No obstante, el portavoz indicó que la devolución de las competencias por parte de Andalucía no supone un “paso para atrás” para Castilla y León, ya que fue el TC –dijo-, quien produjo una frustración en el deseo de la sociedad de la Comunidad.
Este nuevo capítulo sobre la gestión de los recursos hídricos de la cuenca del Duero se produce, después de que el TC declara también inconstitucional al estatuto andaluz por incluir la competencia sobre el Guadalquivir. Entonces, el Ejecutivo nacional estableció una encomienda de gestión durante seis meses porque la Junta ya había asumido las competencias, un acuerdo que expiró a finales de septiembre. Para Castilla y León, el Estado se comprometió a estudiar diferentes vías.
Así, la Junta solicitó a principios de septiembre al vicepresidente segundo y ministro de Política Territorial, Manuel Chaves, una reunión de la comisión bilateral Junta-Estado para estudiar las posibilidades que tiene Castilla y León para participar de las competencias del Duero.
Además, pidió explicaciones al Gobierno sobre el Real Decreto Ley aprobado en el Consejo de Ministros del 26 de agosto sobre embargo preventivo de buques, pero que en una de sus disposiciones finales modifica la Ley de Aguas en lo relativo a la Policía del dominio hidráulico.
Hasta ese momento en las cuencas de carácter intercomunitario su gestión pertenecía a las confederaciones hidrográficas, es decir, al Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM). Entonces, la Junta consideró que esa vía podía ser la “puerta legal” que había buscado el Estado para solucionar el conflicto abierto con Andalucía, ya que este cambio normativo permitía, en principio, a las comunidades que en su estatuto fijen de forma expresa como competencia la Policía del domino hidráulico asumirla, lo que en la práctica suponía que Andalucía, Cataluña y Aragón podrían tener responsabilidades sobre los guardas fluviales.