Cava de Llano defiende la utilidad de los Defensores de CCAA por su cercanía

Valladolid, 10 abr.- La Defensora del Pueblo en funciones, María Luisa Cava de Llano, ha defendido hoy la utilidad que tienen para la preservación de los derechos de los ciudadanos las instituciones autonómicas de defensoría, en sus diferentes variantes, ya que aportan "cercanía".

Cava de Llano ha hecho estas declaraciones tras asistir en Valladolid a la toma de posesión del Procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo, quien ha renovado su cargo por otros cinco años con la exigencia a las administraciones de una respuesta mejor y más rápida ante los requerimientos de la institución que dirige.

La Defensora del Pueblo ha recordado que en este momento de crisis económica en el que algunas autonomías han prescindido de esta institución, como en Castilla-La Mancha y La Rioja, es partidaria de toda "garantía adicional" que pueda contribuir al mantenimiento de los derechos adquiridos por los ciudadanos ante las administraciones.

Sin embargo, ha respetado la autonomía de cada parlamento autonómico para prescindir de la institución y ha garantizado que los ciudadanos de La Rioja y Castilla-La Mancha no quedarán desamparados, sino que el Defensor del Pueblo velará por la defensa de sus derechos.

Ha reconocido que los efectos de la crisis se notan en la actividad de la institución, ya que en el pasado 2011 y lo que va de 2012 se aprecia un incremento de las quejas relacionadas con la situación económica.

"Exonero de culpa a los ciudadanos porque no han malgastado o dilapidado su dinero, sino que la crisis económica ha afectado a las empresas, lo que ha derivado en el paro de los ciudadanos, que en algunos casos han tenido que dejar de pagar la hipoteca", ha resumido la Defensora del Pueblo, partidaria de que el Gobierno tome medidas "excepcionales" para afrontar esta situación de muchas familias que pueden perder su casa por el impago de las letras.

Cava de Llano ha apoyado a Amoedo en su reivindicación de la repercusión penal que tiene para las administraciones públicas el incumplimiento con su obligación de colaborar con este tipo de instituciones de defensa de los derechos de los ciudadanos.