Valencia, 4 oct.- Compromís ha encargado estudios jurídicos para impugnar los actos administrativos que han dado lugar al rescate de la concesión de la planta de gas Castor, con el fin de depurar "responsabilidades económicas y políticas".
El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley por el que ha aceptado la renuncia de Escal UGS, empresa participada por el Grupo ACS en un 66,67 %, a la concesión del almacén subterráneo de gas Castor y fija una indemnización para la compañía de 1.350 millones.
El diputado de Compromís en Les Corts Josep Maria Pañella ha asegurado hoy que su grupo no consentirá que los usuarios "paguen 1.350 millones de euros más los intereses" por "una clara negligencia y por un servicio que no se les prestará".
"Es y será una estafa que se cobre a los usuarios de gas por un servicio que no se les prestará, el almacenaje o transporte de gas o por una instalación construida que no tiene licencia de actividad", ha asegurado.
Además, ha dicho, hay que tener en cuenta el daño medioambiental producido, y el social, "después de más de 500 seísmos ante Vinaròs".
Según ha subrayado, el Gobierno deberá explicar por qué la administración pudo dar permiso para esa instalación "sin los pertinentes informes geológicos y sísmicos".
Pañella se ha preguntado por el coste del desmantelamiento de la planta Castor y su temporalidad, ya que no debería quedarse como "un monumento a la corrupción financiera para justificar la estafa".
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