Bogotá, 30 ago.- El defensor del Pueblo de Colombia, Volmar Pérez, alertó hoy del incremento de casos de desapariciones forzadas en municipios cercanos a la frontera con Venezuela, en los que los responsables son supuestamente miembros de grupos armados ilegales.
"La desaparición forzada transfronteriza nos parece que es del mayor interés", comentó Pérez durante un foro de desaparición forzada en Bogotá, que se celebra como parte de los actos conmemorativos del Día Internacional del Detenido Desaparecido.
El funcionario del Estado, que preside también la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en Colombia, manifestó su respaldo a los "cuerpos de investigación del Estado" en la investigación "con mayor rigor y responsabilidad" de estas desapariciones.
Este esfuerzo debe hacerse, según Pérez, "particularmente en los municipios de la línea fronteriza" con Venezuela de los departamentos de La Guajira (norte), Norte de Santander (noreste) y Arauca (este), "donde se ha tenido noticia en el pasado reciente de que se han presentado fenómenos de desaparición de colombianos".
Matizó que es "altamente probable" que los supuestos responsables, miembros de grupos armados ilegales que no precisó, "secuestren en la línea fronteriza y que puedan desaparecer al otro lado de la frontera".
Como cabeza visible del organismo interinstitucional de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, Pérez se comprometió a impulsar investigaciones y a "visibilizar este fenómeno, que es conocido más de oídas en la línea fronteriza" y del que se tiene una percepción de "un nivel muy alto de su registro".
Por su parte, Federico Andreu, de la Comisión Colombiana de Juristas, comentó que éste no es "un fenómeno nuevo", y recordó el ejemplo de la Operación Cóndor, una coordinación entre las dictaduras militares del Cono Sur americano para eliminar opositores en los años 70 y comienzo de los 80.
La Comisión de Búsqueda está integrada por la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, el Instituto de Medicina Legal, la Vicepresidencia de la República, el Ministerio de Defensa, Fondelibertad, Asfaddes y un representante de organizaciones no gubernamentales de Derechos Humanos, que en el momento es la Comisión Colombiana de Juristas.
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