Denuncian ante CIDH los riesgos de empleados en industrias de carne de EE.UU.

Washington, 25 mar.- La industria avícola y de la carne "explota sistemáticamente" a quienes trabajan en las líneas de procesamiento, y una nueva regulación que estudia el Gobierno de EE.UU. podría empeorar los "grandes riesgos" para la salud y la vida de esos empleados, según denuncias presentadas hoy a la CIDH.

Juan y Teresa Martínez, dos extrabajadores de fábricas de despiece y empaquetado de pollos y cerdo en Nebraska, acudieron hoy a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington para denunciar los daños que la velocidad de la línea de procesamiento ha causado a su salud.

"Hago una petición encarecida al Gobierno federal, en nombre de mis compañeros que siguen trabajando en esto, para que haya una regulación para la línea, puesto que eso está acabando con la salud de los trabajadores", señaló Juan Martínez, que con 41 años tuvo que dejar de trabajar debido a lesiones crónicas en sus manos y espalda.

"Uno se siente miserable, se siente una basura, cuando te desechan porque ya te explotaron al cien por cien", se lamentó Martínez, de origen mexicano, que atravesó cuatro cirugías y teme ahora no volver a encontrar nunca un trabajo tras haber perdido "toda la fuerza en las manos".

Esas lesiones se deben a "masivas líneas de despiece, que pueden procesar hasta 10.000 aves por hora", lo que obliga a sus empleados a hacer "entre 20.000 y 100.000 movimientos por turno", lo que puede provocar daños "crónicos" en su sistema musculo-esqueletal, según denunció en la audiencia el Southern Poverty Law Center (SPLC).

"La explotación es sistemática, y la velocidad es tan imparable que muchos trabajadores se ven forzados a orinarse encima, porque se les niegan las pausas para ir al servicio", aseguró Tom Fritzsche, representante de SPLC.

Esa organización está especialmente preocupada por una nueva regulación que el Departamento de Agricultura "prevé finalizar en abril de este año" y que "reformaría por completo el sistema de inspección sanitaria del procesamiento de pollos", explicó.

"Parte de esa propuesta permitiría a las compañías aumentar las velocidades de la línea (de procesamiento) a 175 aves por minuto. Nos preocupa que eso provoque que las tasas de lesión que ya son extremadamente altas sigan siendo altas e incluso puedan aumentar", indicó a Efe Fritzsche tras la audiencia.

"Este aumento en la velocidad es sólo una manera de ayudar a la industria a ganar más dinero procesando a mayor ritmo, y creemos que va a presentar grandes riesgos para los trabajadores", agregó.

El Gobierno federal estuvo representado en la audiencia por cinco funcionarios de distintas agencias, pero evitó dar explicaciones sobre esa regulación debido a que "está en proceso de estudio", en palabras del representante alterno de EE.UU. ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Lawrence Gambino.

"Estados Unidos no puede debatir sobre este asunto debido a la naturaleza deliberativa del proceso regulador", alegó Gambino.

No obstante, Rachel Edelstein, de la oficina del servicio de inspección alimentaria en el Departamento de Agricultura, precisó que el cambio de regulación se planteó en 2012 "para mejorar los estándares sanitarios de los productos" y prometió que eso "no pondrá en riesgo la seguridad de los trabajadores" de la línea.

En la audiencia también habló la afroamericana Lee Duff, cuyo hijo Ron murió en 2012 al quedar atrapado en una máquina de la planta procesadora en la que trabajaba en Missisippi, donde "no había un sistema para apagar las máquinas en casos de emergencia".

"Mi hijo se vio forzado a trabajar en una planta de pollos sin la seguridad suficiente y como consecuencia murió. Murió porque alguien no lo consideraba tan importante como a un ave", lamentó Duff.

Además, testificó Gwen Clements, despedida de una planta procesadora de la marca Perdue en Kentucky supuestamente por quejarse a la compañía de sus problemas de salud, tras ser diagnosticada con "síndrome del túnel carpiano".

Esa enfermedad es una neuropatía frecuente entre trabajadores de las plantas procesadoras, entre los que además hay muchos inmigrantes que en ocasiones desconocen sus derechos, según admitió en la audiencia Andrew Levinson, representante de la Agencia federal de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA, por su sigla en inglés).

El secretario Ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, pidió más información al Estado por opinar que "parece que no es suficiente lo que se está haciendo ante las denuncias" expresadas en la audiencia.

Por su parte, el brasileño Paulo Vannuchi, uno de los siete miembros de la Comisión, garantizó que se dará seguimiento al tema y expresó su "interés inicial de hacer una posible visita a una planta" de procesamiento de aves o carne en EE.UU.