Educación. Wert prevé la aprobación de la nueva ley para octubre o noviembre

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, afirmó hoy en el Senado que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) se aprobará de forma definitiva en octubre o noviembre de este año.
Durante su comparecencia ante la comisión del ramo en la Cámara Alta, Wert recordó que el actual anteproyecto de la Lomce se encuentra en fase de estudio en el Consejo de Estado.
Según afirmó, el dictamen de dicho organismo “tendría que estar de vuelta en unas tres semanas, a mediados de abril”, para que en función de sus recomendaciones el Gobierno introduzca las modificaciones necesarias. Esto llevará “unas dos o tres semanas más”, antes de la aprobación de la Lomce como proyecto de ley para su envío inmediato a las Cortes.
El ministro admitió que la duración del trámite parlamentario resulta “difícil” de calcular, aunque estimó que el proyecto de ley podría llegar al Senado “a principios del próximo período de sesiones” y ser aprobado definitivamente en el Congreso en octubre o noviembre.
INVERSIÓN
La implantación de la Lomce supondrá unos costes directos de 408 millones de euros en tres años, que el Ministerio de Educación asumirá en exclusiva de acuerdo con la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca).
De acuerdo con la memoria económica de la Lomce, dichos costes rondarían los 23 millones de euros durante el primer año de aplicación, mientras que ascenderían a 130 durante el segundo y a 255 millones de euros en el último año de puesta en marcha de esta norma.
La anticipación de la elección de itinerarios a 4º de la ESO y la implantación de la formación Profesional Básica implican la mayor parte de las inversiones extra, mientras que la compactación de asignaturas en Bachillerato representa cierto ahorro.
Sin embargo, el mayor gasto procederá de los "costes de consolidación” de la reforma, que a su vez variarán en la medida en que se reduzca el abandono escolar y más alumnos permanezcan en el sistema y estudien FP Básica.
El Ministerio plantea así tres escenarios que, según el mayor o menor éxito de la ley, deberían darse tres años después de su entrada en vigor, prevista para el curso 2014-2015 o para el 2015-2016.
En el primero se contempla un 25% de alumnos en Bachillerato, un 22,5% en FP Media y un 12,5% en FP Básica; el segundo prevé un 50% de estudiantes matriculados en Bachillerato y un 22,5 y un 12,5% para FP Media y Básica, respectivamente, mientras que en el tercer supuesto se habla de un 55% de alumnos en Bachillerato, un 25% en FP Media y 12,5% en FP Básica. Alcanzar el primero costaría 50 millones, 334 el segundo y 927 millones de euros conseguir el tercer escenario.