El consejo de europa evaluará el trato a los detenidos en españa en 2011

El Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y Penas o Tratos Inhumanos y Degradantes (CPT) del Consejo de Europa visitará España el próximo año con el fin de examinar la situación de las personas privadas de libertad.
Esta visita forma parte de un programa del CPT para 2011 en el que también están incluidos otros nueve países: Andorra, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Holanda, Letonia, Moldavia, Noruega, Serbia y Suiza.
El CPT informó este martes de que serán objeto de atención de estas visitas "las personas en posesión de información relativa a la privación de libertad en cualquiera de esos países".
Además, el CPT, cuyo campo de acción abarca los 47 estados miembro del Consejo de Europa, organizará "visitas 'ad hoc' cuando lo considere y así lo exijan las circunstancias".
"El Comité tiene el derecho de visitar, en cualquier momento, cualquier lugar donde haya personas privadas de su libertad por una autoridad pública. También tiene derecho a entrevistar en privado a los detenidos y contactar con cualquier persona que puede ser capaz de proporcionar información pertinente", añadió.
Al concluir cada visita, este Comité envía al Estado interesado un informe confidencial con conclusiones y recomendaciones, con el fin de reforzar la protección de las personas detenidas.
La anterior visita del CPT a España tuvo lugar en 2007, aunque el informe de este trabajo aún no ha sido publicado, ya que suele realizarse con la expresa autorización del país afectado.
Entonces, la delegación del CPT revisó el tratamiento a personas detenidas por parte de la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Ertzaintza y los Mossos d'Esquadra; visitó varias prisiones y se interesó por los menores extranjeros no acompañados en Canarias y las personas inmigrantes en el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Los miembros del CPT entrevistaron al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba; el secretario de Estado de Seguridad, Antonio Camacho; el entonces presidente de la Audiencia Nacional, Carlos Dívar; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, y la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo.