Bogotá, 17 sep.- El director de Human Rights Watch (HRW) en América Latina, José Miguel Vivanco, denunció hoy que despojar, amenazar y desplazar "resulta gratis" en Colombia, durante la presentación de un informe sobre la restitución de tierras en este país.
"Creemos que la impunidad es un factor que lamentablemente explica con gran claridad la inseguridad que existe en muchas de estas regiones, porque resulta gratis despojar, amenazar y desplazar originalmente", dijo Vivanco en una rueda de prensa en Bogotá.
El informe, llamado "El riesgo de volver a casa. Violencia y amenazas contra desplazados que reclaman restitución de sus tierras en Colombia", analiza los principales obstáculos que ha sufrido la iniciativa de restitución de tierras, entre los que están el accionar de los grupos armados herederos del paramilitarismo.
El director de la ONG para la región aseguró que de los cerca de 50.000 casos de desplazamiento investigados por la Justicia, menos del 1 % han acabado en condena.
"En los departamentos de Antioquia, Bolívar, Cesar, Meta y Tolima, que concentran el mayor numero de solicitudes (de restitución) y donde existen por lo menos 1,5 millones de personas desplazadas, las investigaciones solo contemplan cinco condenas", denunció Vivanco.
Sobre las investigaciones relacionadas con el despojo de las tierras, que afecta a unas dos millones de hectáreas en este país, tan solo existen tres condenas, "un número que es absolutamente ínfimo", aseguró el director regional de HRW.
Finalmente, Vivanco también quiso destacar los 43 casos de asesinatos de líderes o reclamantes de tierras que investiga la Fiscalía y en los que solo ha habido cuatro condenas.
"El índice es aún bastante bajo en relación a la importancia que representan estos casos que afectan el éxito de la Ley de Víctimas", dijo.
En el informe, HRW señala a la banda de Los Urabeños, así como en menor medida a "terceros" (ganaderos y empresarios) que adquirieron u ocuparon tierras de personas obligadas a abandonarlas y a la guerrilla de las FARC, en este orden, de estar detrás de asesinatos de líderes de restitución de tierras, secuestros, múltiples amenazas y nuevos desplazamientos.
En ese sentido, la ONG denuncia la "falta de justicia" por los delitos cometidos en el pasado y en el presente y advierte que, en la actualidad, "las autoridades judiciales restan seriedad a la naturaleza de las amenazas, no se contactan con las víctimas o se niegan a recibir las denuncias".
Con cerca de cinco millones de personas obligadas a abandonar sus casas y parcelas por el conflicto armado, Colombia tiene la población de desplazados internos más grande del mundo y se calcula que unos seis millones de hectáreas han sido usurpadas por grupos armados, sus aliados y terceros.
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