El gobierno guarda en un cajón la ley de perros y gatos

La ley que incluye la normativa básica del comercio y tenencia responsable de perros y gatos, en la que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente lleva trabajando año y medio, se encuentra en un compás de espera por la falta de consenso entre las diferentes partes interesadas del sector, hasta el punto de que Gobierno se plantea incluso no aprobar esta norma.
En una de sus últimas apariciones públicas como ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete anunció el 4 de abril del año pasado que su departamento estaba trabajando en una ley para proteger a los perros y los gatos.
Fuentes cercanas al Ministerio afirmaron a Servimedia que técnicos de este departamento comenzaron a trabajar en el anteproyecto de ley a finales de 2014 y el pasado 18 de junio envió un borrador a diferentes expertos del sector para recabar sus sugerencias, como entidades protectoras de animales, asociaciones de criadores de perros y comunidades autónomas.
En ese documento (30 artículos, dos disposiciones adicionales, dos disposiciones transitorias y cinco disposiciones finales) aparece la prohibición de la venta de animales en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición en escaparates con fines comerciales, lo cual podría conllevar una multa de hasta 200.000 euros.
Sin embargo, el Gobierno se plantea no seguir adelante con el anteproyecto de ley después de recibir las observaciones de los expertos, ya que “está estudiando detenidamente” todas las alegaciones recogidas y se plantea "o bien seguir con la iniciativa legislativa o diseñar otras medidas de carácter no legislativo que conlleven al mismo objetivo, es decir, promover la tenencia responsable de los animales y evitar su abandono”.
Así lo afirma al contestar una pregunta parlamentaria formulada por el diputado Joan Josep Nuet (La Izquierda Plural). En su respuesta, recogida por Servimedia, el Gobierno señala que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente “está elaborando un Plan de actuaciones para promover la tenencia responsable de los perros y gatos, y las buenas prácticas en el comercio de estos animales”, en el que participarán representantes de todos los sectores implicados con el fin de desarrollar “guías de buenas prácticas para los establecimientos donde se manejan perros y gatos (tiendas, criaderos, centros de recogida)” y de “establecer los requisitos de formación del personal que desarrolla su actividad en dichos lugares”.
En otra respuesta posterior enviada al ya exdiputado de UPyD Toni Cantó, el Gobierno reconoce que debe buscarse “un enfoque diferente” para conseguir “el grado de consenso necesario” respecto a lo planteado en el borrador del anteproyecto de ley de perros y gatos.
Además, señala que trabaja en un plan de actuaciones que presentará próximamente a debate para fomentar la colaboración y cooperación entre las partes interesadas, mejorar el conocimiento del sector para proponer medidas que se ajusten a las necesidades reales, elaborar estándares basados en las buenas prácticas de manejo y alojamiento de los animales en los establecimientos de venta y lugares de cría, y elaborar “modelos de compra-venta” que aseguren la tendencia responsable de los animales.
MULTAS DESDE 100 A 200.000 EUROS
El borrador del anteproyecto de ley recoge que la norma, al que tuvo acceso Servimedia, indica que la norma tiene como finalidad establecer las normas básicas en materia de comercio y de tenencia responsable de perros y gatos, regular las inspecciones y los controles para verificar su cumplimiento, y fijar un régimen de infracciones y sanciones.
El texto se ciñe exclusivamente a perros y gatos, aunque quedan excluidos los animales propiedad de los ministerios de Defensa o Interior y sus organismos autónomos o adscritos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la policía local.
Además, considera que un animal está abandonado cuando no tiene microchip o su propietario no ha denunciado su extravío y que está perdido cuando su dueño ha puesto en conocimiento de las autoridades esta situación en un plazo máximo de siete días.
El borrador también diferencia criador ocasional del habitual. Así, aquél es el que dona o vende hasta cinco animales o una camada al año y éste, cuando supera esta cifra de perros o gatos.
Entre las prohibiciones recogidas en el borrador del anteproyecto de ley están maltratar, torturar o someter a cualquier práctica que produzca sufrimiento, daños inútiles o innecesarios a algún perro o gato; abandonarlos, matarlos sin aplicación eutanásica veterinaria, utilizarlos en peleas, amputarles las orejas o la cola y utilizarles “en espectáculos públicos o actividades publicitarias que les causen angustia, dolor o sufrimiento, o utilizarlos de forma ambulante como reclamo”.
Además, el texto indica que “queda prohibida la comercialización de animales en las tiendas de mascotas, así como su exhibición y exposición al público con fines comerciales”, además de vender, donar o entregar en adopción a un perro o gato sin identificación mediante microchip.
Apunta que los propietarios de perros y gatos, así como los centros de acogida de mascotas abandonadas, están sujetos a obligaciones para garantizar el bienestar de los animales, que deberán contar necesariamente con un microchip identificativo.
Las multas por incumplir la ley oscilan entre los 100 a 3.000 euros (infracciones leves), los 3.001 y los 30.000 euros (infracciones graves), y los 30.001 y los 200.000 euros (infracciones muy graves).
Y recoge que está considerado como infracción muy grave la venta de animales en tiendas de mascotas; matar un perro o gato si no es por motivos de bienestar animal, sanidad animal, salud pública, orden público o medioambientales; utilizar a los animales para peleas, el abandono cuando desemboca en la muerte de la mascota y practicar mutilaciones al margen de los supuestos permitidos por la autoridad competente.