El Gobierno insiste en que tiene intención de vender la finca de La Almoraima

Madrid, 20 ene.- El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (Magrama) mantiene su decisión de vender la finca de La Almoraima con el objetivo de "reducir las estructuras de gasto público y promover una gestión sostenible y eficiente de la finca".

En un comunicado, el Ministerio ha añadido que garantizará la "máxima" conservación medioambiental de la superficie protegida y confirma así su decisión de devolver la finca a manos privadas, tras ser expropiada en 1983.

La finca es propiedad en la actualidad de la sociedad La Almoraima, S.A., cuyo accionista único es el Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del Magrama.

Esta decisión contradice las pretensiones de la Junta de Andalucía que, por medio de su vicepresidente, Diego Valderas, manifestó hoy su deseo de "impedir cualquier planteamiento de uso especulativo" de la finca.

Además se mostró "convencido" de que la presidenta de la Junta, Susana Díaz, estará "al frente" de este asunto que se basa, a su juicio, en "hacer caja".

No obstante, el Magrama ha calificado de "sorprendente" que la "reducción del gasto público, la generación de ingresos para todos los españoles y el apoyo al desarrollo socioeconómico de municipios andaluces por parte del Gobierno sean calificados de proyectos especulativos" por parte de responsables de la Junta de Andalucía.

El Ministerio ha puntualizado que la intención de la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía de ampliar los límites del Parque de los Alcornocales a nuevos terrenos de La Almoraima, no responde a criterio alguno relativo a valores medioambientales.

Dichos terrenos de la finca constituyen "una superficie dedicada a regadíos, agricultura de secano y pastos, que no reúnen las características propias de una protección medioambiental especial", ha explicado el Magrama.

"No cabe sino lamentar que se pretenda paralizar el plan especial de ordenación de usos, con la única intención de impedir las posibilidades de crecimiento económico y social que dicho plan supondría para los municipios de Castellar de la Frontera y del Campo de Gibraltar", ha asegurado el Ministerio.