El psoe propone dar ayudas económicas y asistenciales a las madres con menos recursos

La dirección del PSOE propone dar ayudas económicas y asistenciales a las madres con menos recursos, dentro de su estrategia para promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Pretenden con ello garantizar el derecho universal a la protección de la maternidad durante las 6 semanas siguientes al parto, también para las mujeres que no tengan ingresos.
Así consta en el documento "Ganar el futuro con Igualdad en Europa" que se debatirá este sábado en Sevilla dentro de los diálogos previos a la Conferencia Política de octubre.
Los socialistas no detallan la cuantía de esa ayuda económica pero proponen que sea de unos 700 euros, de una sola vez, y combinada con otras ayudas de tipo asistencial en el domicilio.
Precisan que el modelo debería ser coordinado con ayuntamientos y comunidades autónomas, y estiman que de ello se podría beneficiar en torno a un tercio de las aproximadamente 140.000 mujeres que dan a luz anualmente sin trabajar ni recibir prestación de desempleo alguna.
Los socialistas insisten en que las políticas de Igualdad deben ser transversales y por ello proponen recuperar "un organismo fuerte a nivel estatal" encargado de ello.
También quieren incluir en la legislación electoral la obligación de los partidos de presentar candidaturas igualitarias al 50% y con alternancia entre sexos.
En ese sentido, reconocen la necesidad de buscar mecanismos para hacerlo compatible con la posibilidad de desbloquear las listas y que los electores puedan, de alguna forma, mostrar sus preferencias sobre los integrantes de una candidatura.
En todo caso, los socialistas tienen claro que aplicarán esa paridad al 50% en sus próximas candidaturas, y que modificarán los Estatutos para establecer la obligación también en los órganos internos. La única excepción serían los casos en los que no fuera posible, por ejemplo, en las listas a municipios pequeños.
También quieren que el Gobierno respalde la directiva europea sobre representación de las mujeres en los consejos de administración de empresas cotizadas, y que de forma progresiva se llegue a 2020 con la obligación del 40%.
Los socialistas hablan de "revisar" el sistema fiscal con una perspectiva de género y de mejorar la progresividad de las deducciones, sobre todo por hijos y en familias monoparentales.
Denuncian que la reforma laboral está castigando sobre todo a las mujeres, y proponen recuperar políticas activas de empleo específicas, el desarrollo obligatorio de planes de igualdad en las empresas, o el impulso a las mujeres emprendedoras.
También subrayan la necesidad de modificar algunos aspectos de la reforma laboral, como las horas extraordinarias en los contratos a tiempo parcial o la variación en la distribución de la jornada cuando choca con la conciliación.
Creen necesario revisar la legislación para fomentar una efectiva corresponsabilidad de mujeres y hombres en las tareas de conciliación.
En ese sentido, proponen levantar la suspensión a la entrada en vigor del permiso de paternidad de cuatro semanas y seguir incrementándolo hasta lograr equipararlo con el de maternidad.
Los socialistas precisan que también defienden una reforma fiscal que permitiría aumentar de forma progresiva los ingresos y, por tanto, se podrían primar determinadas políticas públicas.
Insisten también en la urgencia de corregir la brecha salarial y las desigualdades y "lagunas" que hacen que las mujeres reciban de media menos prestación por desempleo y pensiones más bajas.
El documento habla también de universalizar la educación infantil de cero a tres años, ampliar las prestaciones por dependencia, recuperar "la educación en igualdad" y defender el acuerdo entre cónyuges como mejor mecanismo para el establecimiento de regímenes de custodia compartida de menores.
En el ámbito de la salud, reclaman garantías de atención ginecológica y de prevención del cáncer de mama, la incorporación de los anticonceptivos de última generación a la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, y la disponibilidad de programas y servicios de salud sexual y reproductiva como modo más eficaz de prevenir enfermedades, embarazos no deseados y abortos.
Incluyen la defensa "de la autonomía y libre decisión de las mujeres" como criterio principal para la regulación del aborto y se comprometen a "combatir y, en su caso, derogar, cualquier normativa que vaya en dirección restrictiva respecto a los derechos de las mujeres".
También recuperan en este documento las propuestas para aumentar la protección a las mujeres víctimas de violencia de género y también a los menores.
En este capítulo, piden una ley integral contra la trata de personas con fines de explotación sexual, que posibilite la persecución de esos delitos de oficio incluso sin denuncia de la víctima.