El representante de Chapman reconoce que no se inspeccionaban los aviones, sólo los documentos

Zaragoza.- El representante de la compañía alemana Chapman Freeborn en Barcelona, Sergio Núñez, ha reconocido hoy que su empresa no realizaba inspecciones técnicas a los aviones subcontratados, como fue el caso del Yak-42, sino que se limitaba a comprobar que la documentación del mismo estuviera en regla.

Así lo ha indicado en respuesta a las preguntas de los abogados durante la segunda jornada del juicio civil por el accidente del Yak-42, ocurrido en Turquía en mayo de 2003 y en el que fallecieron 62 militares, que desde ayer se celebra en los juzgados de Zaragoza.

Núñez ha explicado que el avión y el vuelo siniestrado era civil, así como la tripulación, pero que el aeropuerto de llegada y salida, el de Kabul (Afganistán), estaba bajo mando militar.

No obstante, ha precisado que el piloto en ningún momento recibía órdenes de personal militar que viajaba en la aeronave.

La empresa alemana era la encargada de preparar los aviones que el Ejército español necesitaba para trasladar a sus tropas, y en varias ocasiones subcontrataba los aparatos a empresas ubicadas en repúblicas ex-soviéticas, como fue el caso del Yak-42, de una compañía ucraniana.

Estos aparatos no pasaban ninguna inspección técnica, ha dicho el representante de Chapman en España, sino que únicamente se comprobaba que la documentación estuviera en regla, ya que la empresa no dispone del personal necesario para este tipo de actuaciones.

Núñez ha manifestado que la escala que hizo el Yak-42 estaba prevista en Ankara pero finalmente se cambió, ya que viajaron 12 soldados más de los previstos que incrementaron el peso, aunque ha señalado desconocer el tiempo de vuelo que llevaba la tripulación en activo, más de 25 horas según uno de los letrados, el dinero que percibían las subcontratas por estos servicios o la ausencia del seguro obligatorio por contrato.

También ha comentado que a él no le llegaron quejas oficiales relativas a la calidad o seguridad de los aviones utilizados en estas operaciones, aunque sí ciertas quejas referentes al "cátering" y a la incomodidad de los aparatos.

En la jornada de hoy, que ha durado poco más de tres horas, también han declarado cuatro militares, quienes han coincidido en resaltar que en todo caso fue un vuelo civil, que los ocupantes de la aeronave no portaban billetes individuales y que el Ministerio de Defensa no se ocupaba del estado de los aviones contratados, sino que de ello se debía ocupar Chapman, según contrato.

Quienes han declarado han sido el comandante Alfonso Elías Lorenzo Toboada, quien formaba parte del grupo de control del contrato firmado con la agencia Namsa de la OTAN para el traslado de las tropas; y el teniente general Juan Luis Ibarreta, que en mayo de 2003 era jefe del Estado Mayor Conjunto de la Defensa y responsable de la contratación.

También lo han hecho Joaquín Yañez, coronel jefe de la sección logística operativa de la División de Operaciones del Estado Mayor Conjunto (EMACON), y el coronel Gabriel Bayarte, ex secretario técnico del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra (MALOG).

Elías Toboada, Ibarreta y Joaquñin Ibañez están imputados por un delito de imprudencia grave con resultado de muerte en la causa que investiga el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska, y con la que trata de averiguar si se cometieron irregularidades en la contratación del avión.

A preguntas de los letrados han afirmado que el Ministerio de Defensa se vio obligado en aquella época a contratar medios externos para trasladar tropas al extranjero, ya que el Ejército español estaba presente en varias misiones, y que de conceder este servicio se ocupó Namsa, agencia de logística vinculada a la OTAN, ya que ofrecía una mayor garantía y tenía más experiencia.

Al acabar la sesión, los familiares de las víctimas del Yak-42 han mantenido un minuto de silencio a las puertas del juzgado por el último militar muerto en Afganistán, el soldado español de origen colombiano John Felipe Romero Meneses.

El primer juicio civil contra la compañía Ukranian Mediteranean Airlines (UM Air), su reaseguradora también ucraniana Busin Joint-Stock Insurance y la contratista alemana Chapman Freeborn se celebró en enero de 2006 y fue anulado por un defecto de forma, al considerar la Audiencia Provincial de Zaragoza que Chapman no había sido emplazada correctamente.