Washington, 28 mar.- El Tribunal Supremo de EE.UU. sopesó hoy, en el tercer y último día de vistas sobre la constitucionalidad de la reforma sanitaria de 2010, la futura supervivencia de esa ley sin la parte central del seguro médico obligatorio.
Los nueve magistrados escucharon los argumentos orales a favor y en contra de dejar en pie el resto de las más de 400 cláusulas de la reforma sanitaria, en el supuesto de que en su fallo de junio próximo declaren que el seguro médico obligatorio es anticonstitucional.
La reforma sanitaria, aprobada por el Congreso en 2010 sin apoyo republicano, establece una serie de objetivos y requisitos para garantizar la cobertura médica universal en EE.UU., entre ellos la obligatoriedad del seguro médico a partir de 2014, o afrontar el pago de una multa.
En este caso, la polémica se debe en parte a que el Congreso no incluyó en la ley de más de 2.700 páginas instrucciones sobre si invalidar o no el resto de la misma si el Supremo declara que uno de sus componentes es anticonstitucional.
Ya en la audiencia del martes, cinco de los nueve magistrados mostraron escepticismo sobre si el Congreso, entre sus potestades constitucionales, puede o no exigir a quienes no tienen cobertura médica un plan de seguro, o arriesgarse a ser multados.
En la sesión matutina de 90 minutos, el abogado Paul D. Clement, que representa a los 26 estados que entablaron una demanda en contra de la reforma sanitaria, instó a los jueces a que la anulen por completo, haciéndose eco del fervor de sus detractores.
"Si (el seguro médico obligatorio) es inconstitucional, entonces el resto (de la ley) no puede quedarse", argumentó Clement.
Según una transcripción de la audiencia divulgada por el Tribunal Supremo, el juez Antonin Scalia, conservador, consideró que si se elimina el eje de la reforma sanitaria "desaparece (el resto) del estatuto".
Pero el Gobierno replicó que, aun si se elimina el seguro médico obligatorio, la mayoría de las otras cláusulas puede permanecer y cumplir su objetivo de ampliar y mejorar los servicios de salud y reducir sus costes.
En general, los cuatro jueces progresistas, entre ellos Sonia Sotomayor, parecieron inclinarse por permitir que sea el Congreso el que decida el destino del resto de la reforma.
El propio Gobierno ha reconocido que si se revoca el seguro médico obligatorio también tendrían que eliminar dos cláusulas que gozan de amplia popularidad: la que obliga a las aseguradoras a dar cobertura a personas con problemas de salud preexistentes y la que les exige cobrar lo mismo a personas de la misma edad sin importar su historial médico.
En la sesión vespertina, los jueces analizarán si, en aras de ampliar la cobertura del programa "Medicaid" para otros 16 millones de personas, el Gobierno federal puede "coaccionar" a los gobiernos estatales a asumir una mayor parte de su gestión y costes, o arriesgarse a perder fondos para ese programa.
El programa "Medicaid" es un esfuerzo conjunto entre el Gobierno federal y los estatales para dar asistencia médica y social a personas de escasos recursos en varias categorías, incluyendo ancianos, niños, embarazadas y personas discapacitadas.
Pero los demandantes se oponen a que el Gobierno condicione miles de millones de dólares en fondos federales a que los gobiernos estatales aporten más al programa de "Medicaid".
Como en días anteriores, en las gradas del Supremo activistas del movimiento conservador "Tea Party", algunos con campanas y megáfonos, gritaban consignas en contra de la reforma e intentaban acallar al bando opuesto.
Los grupos a favor, con tambores, megáfonos y carteles, defendían la reforma sanitaria como un antídoto a los problemas que aquejan al sistema de salud de EE.UU.
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