El TSJC avala la enseñanza en castellano de un centro concertado

Barcelona, 6 sep.- El TSJC ha archivado, por primera vez, la denuncia de unos padres que reclamaban la enseñanza en castellano para su hijo, al dar por buena la iniciativa del centro concertado en el que estudiaba de dar al alumno clases en este idioma.

En una providencia de la sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se indica que el hijo de los demandantes recibió durante los cursos tercero y cuarto de ESO "enseñanzas con la presencia vehicular del idioma castellano".

Por ello, precisa, "debe tenerse por concluido el presente incidente de ejecución de sentencia", con lo que da por finalizadas las actuaciones en relación con los estudios de bachillerato del alumno que los padres reclamaban que se impartieran en castellano.

A pesar de que el centro ofrecía clases en castellano a su hijo, los padres del escolar, que estudia en el centro educativo Loreto-Abat Oliba, estimaban que esta situación no se debía "a las instrucciones cursadas por la administración en cumplimiento de lo ordenado por el tribunal, sino porque el colegio lo venía haciendo por propia iniciativa", según se indicaba en las alegaciones presentadas ante el TSJC.

La consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ha informado hoy en rueda de prensa de esta primera resolución del TSJC sobre la inmersión lingüística y ha estimado que "quedan una docena" más de casos similares por resolver en los tribunales.

La sección quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha emitido varias sentencias y resoluciones en las que reconoce el derecho de cualquier alumno a ser escolarizado en castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán.

También, en un auto de 2011, dio un ultimátum de dos meses a la Generalitat para implantar el castellano como lengua vehicular en las escuelas, que fue suspendido posteriormente al ser impugnado por la administración.

En mayo de 2012, la sección quinta también reconoció el derecho de otras cuatro familias para que sus hijos fueran escolarizados con el castellano como lengua vehicular en la enseñanza, en la misma proporción que el catalán, lo que llevó a la consellera Irene Rigau a presentar un recurso al entender que la decisión judicial suponía una "grieta" del sistema educativo catalán.