Entra en vigor la convención contra las desapariciones forzadas


La Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas entra este miércoles en vigor, después de que 20 países la hayan ratificado o se hayan adherido a ella, entre ellos España.
Esta situación se produce después de que Iraq se convirtiera hace un mes en el vigésimo país en ratificar la Convención, un requisito imprescindible para la entrada en vigor de este tratado internacional de derechos humanos, aprobado por la Asamblea General de la ONU el 20 de diciembre de 2006.
Además de España e Iraq, también se han sumado al tratado Albania Argentina, Bolivia, Burkina Faso, Chile, Cuba, Ecuador, Francia, Alemania, Honduras, Japón, Kazajistán, Mali, México, Nigeria, Paraguay, Senegal y Uruguay.
El Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas calificó este hecho de "paso histórico" e hizo un llamamiento a los gobiernos que no lo han firmado o ratificado a hacerlo lo antes posible.
"La entrada en vigor de la convención fortalecerá la capacidad de los Estados para reducir el número de desapariciones. También reforzará las esperanzas y las exigencias de justicia y verdad de las víctimas y sus familias", señaló el presidente-relator del Grupo de Trabajo, Jeremy Sarkin.
Por otro lado, el jefe adjunto de la Agencia Central de Búsquedas y de la División de Protección del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Olivier Dubois, indicó que la Convención supone "un mensaje de esperanza para las familias de los desaparecidos".
"Provocar la desaparición de una persona mediante su detención secreta, secuestro o ejecución extrajudicial es totalmente injustificable. Los familiares de los desaparecidos sufren un dolor y una angustia desgarradores que pueden durar años o incluso toda la vida, y que les impiden llevar una vida normal. Es imperativo que el mayor número de Estados posible firme la convención y se adhiera a ella", apostilló.
El CICR afirmó que la desaparición forzada es un delito tipificado en el derecho internacional de los derechos humanos y, en tiempo de guerra, en el derecho internacional humanitario.
La Convención, de 45 artículos, prohíbe la desaparición forzada sin excepción e indica de manera inequívoca que en ningún caso podrán invocarse circunstancias excepcionales, como estado de guerra o amenaza de guerra, inestabilidad política interna o cualquier otra emergencia pública.
Este instrumento subraya que los Estados que firmen y ratifiquen el tratado deben tipificar las desapariciones forzadas como delito en su legislación penal nacional.
La ONU conmemoró como Día Internacional de los Desaparecidos el pasado 30 de agosto, en tanto que el Congreso de los Diputados de España acordó por unanimidad el pasado 10 de noviembre declarar el 9 de marzo como Día de las personas desaparecidas sin causa aparente.

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