España anuncia medidas tras quejas de Gibraltar por controles en la frontera

  • El Gobierno español insiste en que tiene el derecho y la obligación de controlar la frontera con Gibraltar y, tras las denuncias gibraltareñas por las colas que esos controles provocan, anuncia que preparara una serie de medidas para reforzarlos.

Madrid, 3 ago.- El Gobierno español insiste en que tiene el derecho y la obligación de controlar la frontera con Gibraltar y, tras las denuncias gibraltareñas por las colas que esos controles provocan, anuncia que preparara una serie de medidas para reforzarlos.

"Nuestros controles de la Verja (de Gibraltar) son legales y va a haber más", declaró el ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, en una entrevista que publica hoy el diario ABC, en la que calificó de "disparate" las concesiones hechas por su predecesor Miguel Ángel Moratinos con el llamado Foro Tripartito.

"Estamos intentando recuperar lo que es recuperable, que no lo es todo ni mucho menos, de lo que cedió en su día el ministro socialista de Exteriores Miguel Ángel Moratinos" manifestó García-Margallo.

Para el ministro del Partido Popular (PP) (centroderecha), "Gibraltar tiene que entender que con este Gobierno las cosas nunca van a volver a funcionar así. Se ha acabado el recreo".

El Gobierno británico pidió el viernes a la Embajada de España en Londres explicaciones sobre los controles y las colas que se forman forman, y pocos días antes, las autoridades gibraltareñas enviaron a la Comisión Europea un informe en el que se quejaban de la actuación de España, que, por su parte, denuncia el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas que rodean el Peñón.

"Quizás habrá que ir pensando, que nos lo estamos pensando, en crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir" de Gibraltar, dijo el ministro en la entrevista, al añadir que "esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros, aunque, insisto, unos delitos no tengan nada que ver con otros".

Al hablar del origen de la actual situación, García-Margallo se refirió a la legislación medioambiental gibraltareña de la época del anterior ministro principal de Gibraltar Peter Caruana, "cuya única finalidad era impedir que los pescadores españoles pudiesen faenar en esas aguas a la manera tradicional".

"El Reino Unido logró que la UE autorizara declarar las aguas de Gibraltar, unas 5.000 hectáreas, de interés comunitario, aprobando especiales medidas de conservación", recordó García-Margallo.

Los ministerios españoles de Exteriores, Defensa, Industria, Hacienda, Interior y Agricultura y Medio Ambiente están trabajando en definir dichas medidas, según dijeron a EFE fuentes del Ejecutivo.

En los últimos días, García-Margallo ha insistido en recordar que Gibraltar no forma parte del espacio Schengen y que, al no ser un territorio aduanero comunitario, los controles en la verja del Peñón "son irrenunciables" para España.

En un documento sobre las medidas que planea tomar el Gobierno español se indica que al no ser Gibraltar un territorio aduanero comunitario, los controles fronterizos del Peñón "son irrenunciables" para España, y también son necesarios para evitar tráficos ilícitos, contexto en el que recuerda que entre 2010 y 2012 se detectó un aumento del 213 por ciento del contrabando de tabaco.

Los controles en la frontera son, destaca además el plan del Gobierno, "aleatorios" y afectan tanto a españoles como a gibraltareños.

En el ámbito de impuestos, la Agencia Tributaria española estudia potenciar nuevas actuaciones de control en los ámbitos de imposición directa, indirecta y aduanera.

En ese contexto, según las fuentes gubernamentales, se estudiará el caso de unos 6.700 gibraltareños que tienen su residencia en España, pero no la fiscal, para que paguen impuestos a las arcas públicas españolas.

En cuanto a las medidas de tráfico aéreo y marítimo, el Gobierno propone una actividad "moderada y continuada" por parte española en la zona de Gibraltar.

Otro de los puntos de este plan del Gobierno, según las fuentes, es revisar el acuerdo de 2006 por el que España concedió a Gibraltar la conexión de 60.000 líneas telefónicas, que atraviesan La Línea de la Concepción.

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