Ambas partes, que desde 2012 están negociando en La Habana los términos para acabar el conflicto armado interno de medio siglo, tienen diferencias sobre los alcances del acuerdo sobre justicia suscrito el 23 de septiembre en presencia del presidente Juan Manuel Santos y el máximo líder rebelde, Timoleón Jiménez, "Timochenko".
"La delegación de paz de las FARC quiere honrar sus compromisos y especialmente el acordado oralmente sobre la necesidad de concluir las presentes conversaciones de paz en un plazo máximo de seis meses", dijo a la prensa el comandante Carlos Antonio Lozada, un 'plenipotenciario' de las FARC en las negociaciones.
"Dicho propósito no será viable si el gobierno comienza a cuestionar los acuerdos ya firmados y nos hace retroceder en lo avanzado", agregó.
Ambas partes se comprometieron el 23 de septiembre en La Habana, en presencia del presidente cubano Raúl Castro, a firmar la paz antes del 23 de marzo de 2016. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) deben iniciar su desarme 60 días después.
Este acuerdo sobre justicia -el tema más espinoso del proceso de paz- contempla la creación de un tribunal especial y juicios y penas de cárcel para responsables de crímenes de lesa humanidad, toma de rehenes, ejecuciones extrajudiciales y violencia sexual, pero amnistía para delitos políticos.
La delegación de paz del gobierno no formuló declaraciones a la prensa este sábado, pero el viernes su jefe, Humberto de la Calle, declaró que el texto del acuerdo suscrito tiene cierta "ambigüedad" y requiere ser "precisado".
"El gobierno considera que en algunos casos hay textos cuya interpretación posterior a su redacción sugiere un cierto grado de ambigüedad que debe ser precisado", indicó De la Calle, contradiciendo a la guerrilla, que sostiene que el acuerdo sobre justicia "está cerrado".
De la Calle hizo estas afirmaciones después de que su contraparte, Iván Márquez, dijera que la guerrilla seguirá negociando "sin alterar lo ya acordado" el 23 de septiembre, cuando ambas partes fijaron las bases para juzgar los crímenes cometidos a lo largo del conflicto armado.
"La delegación de las FARC manifiesta su perplejidad ante la posición adoptada por el gobierno de Colombia", expresó Lozada.
Indicó que la guerrilla está de acuerdo en que las normas del pacto sobre 'Jurisdicción Especial para la Paz' "requieren desarrollos posteriores", pero dijo que hay que evitar que ellos "pretendan utilizarse para subvertir el contenido de los mismos".
El negociador rebelde dijo que es necesario publicar el texto completo del acuerdo, a lo que se opone el gobierno, que quiere divulgarlo una vez que los abogados de ambas partes se reúnan para "concretar los elementos pendientes".
El texto completo del acuerdo de 75 puntos no ha sido publicado, solo se dio a conocer el 23 de septiembre una nota informativa de 10 puntos.
La "claridad no admite interpretación", dijo Lozada, señalando que la pugna se aclarará solamente si el texto completo es publicado.
El conflicto armado colombiano ha dejado 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales, y éste es el tercer intento entre el gobierno y las FARC para acabar la contienda.
El presente ciclo de diálogos de paz (el 42º desde noviembre de 2012) comenzó el viernes y culminará el 8 de octubre.
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