Hallan otro muerto por incendio y Gobierno chileno insiste que fue provocado

Santiago de Chile, 6 ene.- Equipos de rescate hallaron hoy el cuerpo de un séptimo brigadista muerto ayer en un incendio en la localidad chilena de Carahue, mientras que el Gobierno insiste en la tesis de que el fuego que arrasa amplias zonas del centro y sur del país se debe a acciones terroristas.

El cadáver de Rodrigo Cifuentes Llanquileo fue hallado a las 08.40 hora local (12.40 GMT) a unos 600 metros del lugar en que fue visto por última vez antes de que una repentina ráfaga de llamas envolviera a los brigadistas que combatían un incendio forestal en un paraje denominado Casa Grande, a 700 kilómetros al sur de Santiago.

Además de Cifuentes, en el incendio de Carahue -que ya ha consumido más de 1.300 hectáreas- murieron los brigadistas Diego Mella Rosales, Ítalo Vidal, Marcelo de la Vega, Cristián Freire, Juan Carlos Cordero y Carlos Pinto Catalán.

Todos ellos pertenecían a una empresa que prestaba servicios contra incendios a Mininco, una de las principales compañías forestales del sur de Chile.

Otros dos trabajadores con quemaduras graves permanecen hospitalizados en Temuco, capital de la región de la Araucanía.

El Gobierno insistió hoy en la denuncia hecha ayer por el presidente Sebastián Piñera en el sentido de los incendios que han arrasado miles de hectáreas son actos intencionados y presentó una querella criminal.

Sin embargo, hay discrepancias en las versiones oficiales acerca de la autoría de estos "actos terroristas".

El ministro chileno del Interior, Rodrigo Hinzpeter, se la atribuyó a grupos mapuches radicales que luchan por la recuperación de tierras, y el intendente (gobernador) de la Araucanía, Andrés Molina, llegó a acusar a la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), algunos de cuyos dirigentes han sido condenados por participar en ocupaciones de tierras.

Estas imputaciones fueron replicadas por representantes de los comuneros mapuches que ven en ello un intento de criminalizar sus demandas de tierras y justificar la aplicación de normas represivas.

Y después de que el fiscal nacional, Sabas Chahuán, pidiera prudencia antes de atribuir responsabilidades, el ministro portavoz, Andrés Chadwick, salió a matizar las declaraciones del intendente y del ministro del Interior.

"El Gobierno no entra a señalar quiénes son los responsables (de los incendios), eso se verá en el transcurso del proceso judicial", dijo Chadwick, quien no obstante puntualizó: "Pero tenemos antecedentes de que los focos de los incendios surgieron de forma intencional".

El portavoz gubernamental precisó que no hay que vincular la acciones mapuches con los incendios. "Eso lo determina la Justicia", enfatizó.

El ministro del Interior presentó en la Fiscalía de Temuco una querella por infracción a la ley antiterrorista contra quienes resulten responsables de haber causado el incendio que, según las autoridades locales, se originó en al menos medio centenar de focos simultáneamente.

Hinzpeter dijo que el Gobierno sospecha de la CAM, organización que la semana pasada se atribuyó la destrucción de un helicóptero propiedad de una empresa maderera utilizado para combatir los incendios forestales en la zona.

Según el responsable de Interior, "hay una cierta concomitancia" entre los incendios ocurridos en las regiones sureñas de la Araucanía y el Biobío e, incluso, la quema el pasado miércoles en Santiago de un autobús y una moto de una policía por unos encapuchados al término de una manifestación en favor de los mapuches.

El denominador común en todos estos casos "es la intención de producir pánico en la ciudadanía y por eso se configuraría lo que se denomina el dolo terrorista", explicó el ministro.

El ministro rechazó lo señalado por Héctor Rebolledo, jefe de los Bomberos de Carahue, quien señaló que el fuego también pudo haberse originado en la quema de madera por parte de lugareños que se dedican a la fabricación de carbón.

Para Natividad Llanquileo, portavoz de los presos mapuches que meses atrás protagonizaron una huelga de hambre, las imputaciones son un pretexto para militarizar las comunidades indígenas.

"Este Gobierno está encontrando el argumento, tal como lo hicieron los anteriores, de forma brutal, para aplicar la Ley de Seguridad del Estado", añadió.

En tanto, el fiscal Chahuán dijo a los periodistas que la única forma de saber si se trata de incendios provocados intencionalmente "es que se haga la investigación tal como se está haciendo, desarrollada por las policías y dirigida por la fiscalía".

"No se puede hablar de intencionalidad antes de conocer los resultados de una investigación que está en curso", recalcó Chahuán, quien declinó pronunciarse sobre la acusación del Gobierno contra las organizaciones mapuches.