Dublín, 17 jul.- La investigación judicial sobre la concesión de supuestas amnistías encubiertas por el Gobierno británico a miembros del ya inactivo IRA concluyó que ese programa administrativo no es ilegal, aunque indica que ha detectado "fallos sistemáticos" en su aplicación.
La ministra británica para Irlanda del Norte, Theresa Villiers, presentó hoy el informe elaborado por una juez tras unas pesquisas que han tratado de arrojar luz sobre la existencia de un supuesto pacto secreto sellado entre Londres y el Sinn Féin, antiguo brazo político del Ejército Republicano Irlandés (IRA).
El pasado febrero se supo que sucesivos gobiernos británicos aseguraron por escrito a unos 200 excombatientes del IRA que podían regresar a Irlanda del Norte sin riesgo de ser apresados por las fuerzas del orden por delitos cometidos antes de la firma del acuerdo de paz de 1998.
La promesa estaba recogida en cartas enviadas por Londres desde 2005, una medida que enfureció a las víctimas y las formaciones unionistas norirlandesas -partidarias de la permanencia de la provincia en el Reino Unido- pues la consideran una amnistía encubierta.
Una de esas cartas sirvió para que un tribunal suspendiera el pasado febrero el juicio contra el irlandés John Downey, de 62 años, acusado del asesinato de cuatro soldados británicos en un atentado perpetrado por el IRA en 1982.
La existencia de estos indultos y las amnistías a fugados del IRA han avivado el debate sobre el camino que debe seguir el proceso de paz en Irlanda del Norte para hacer frente al legado del pasado conflicto, que causó 3.500 muertos.
Según explicó hoy Villiers, existen otras cartas "enviadas por error" a varios miembros del IRA, si bien la ministra volvió a recalcar que, como dice el informe, "no se trata de amnistías".
En este sentido, la titular para la provincia aseguró que si las fuerzas del orden hallan suficientes pruebas sobre alguno de los "fugados" que recibieron las citadas misivas la Justicia actuará de acuerdo con la legislación vigente.
La investigación fue ordenada el pasado febrero por el primer ministro británico, el conservador David Cameron, después de que el ministro principal norirlandés, el protestante Peter Robinson, amenazase con dimitir si no se aclaraba este asunto.
El Gobierno británico de coalición entre conservadores y liberaldemócratas, en el poder desde 2010, ha confirmado que ha enviado 38 cartas a "fugados", pero la mayoría de ellas, unas 200, fueron redactadas por el anterior Ejecutivo laborista, que introdujo esta iniciativa legal en 2005.
La lista de republicanos buscados por las fuerzas del orden fue elaborada por el Sinn Féin tras conversaciones con Londres y formaba parte de sus condiciones para seguir adelante con los contenidos del Acuerdo del Viernes Santo.
El Sinn Féin ha sostenido que todos sus socios en el Ejecutivo de Belfast de poder compartido entre católicos y protestantes estaban al tanto de esta cuestión, que consideran clave para la marcha del proceso de paz y para abordar la situación de los excombatientes republicanos.
A este respecto, Villiers indicó hoy que la investigación estableció que "este programa administrativo" no fue fruto de "un acuerdo secreto", aunque sí se mantuvo "por debajo de la detención de los radares" para hacer frente a la "sensibilidades políticas".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios