Inmigración. Jpd ve "inadmisible" que fernández díaz diga que en ceuta la aplicación de la ley es diferente

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) denunció este sábado como “inadmisible” que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmara en su comparecencia en el Congreso que “en Ceuta y Melilla la ley no puede aplicarse igual que en el resto de España” y que “en la actuación policial deben prevalecer ‘conceptos operativos’ sobre la legalidad vigente”.
La denuncia de JpD a través de un comunicado se produce después de que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, reconociera este viernes, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que la Ley de Extranjería tiene “alguna deficiencia en su aplicación”.
La asociación de jueces denuncia los hechos ocurridos en Ceuta y exige “la aplicación de la ley, ante la gravedad de lo sucedido con, al menos, 14 personas muertas”. Para ello, considera “necesaria una investigación para que se depuren las posibles responsabilidades por estos hechos”.
JpD reclama una “investigación efectiva acerca de los disparos y el uso de material antidisturbios contra personas que se hallaban en el mar”, según muestran las imágenes difundidas, y advierte de que “pudo haber existido omisión del deber de socorro como causa relevante de la tragedia”.
Justifican también la petición de apertura de una investigación por "las serias contradicciones entre las sucesivas versiones oficiales todavía generan más dudas sobre la actuación de Interior y las evidencias conocidas sobre el papel desempeñado por las fuerzas de seguridad en Ceuta y sus consecuencias".
“Resulta inadmisible que se lancen disparos contra personas que necesitan ayuda y que estas actuaciones policiales agraven el riesgo de que se pueda producir la muerte por ahogamiento, como así ocurrió finalmente”, critica al portavoz de JpD, Joaquim Bosch, para cuestionar que se pudiera incumplir el procedimiento de expulsión de inmigrantes que ya habían entrado en territorio español.
“No se puede tratar a los inmigrantes sin papeles como si fuesen delincuentes, ni tampoco como a personas sin derechos. Los derechos fundamentales deben respetarse también en las fronteras”, denuncian. Además, recuerdan que la Ley de Derechos y Libertades de los Extranjeros en España regula "un procedimiento administrativo previo a su expulsión en el que se exige oír a la persona, procurar su identificación y determinación del país de origen".