Inmigración. La fundación raíces denuncia el desamparo en el que quedan los menores inmigrantes en españa

La presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal, denunció este miércoles el limbo de desamparo en el que quedan los menores extranjeros no acompañados en España, como es el caso de Rafik, un marroquí de 17 años contra el que se ha iniciado el procedimiento de expulsión.
Reyzábal hizo esta denuncia en Madrid, en un encuentro que mantuvo con la prensa en la sede del Consejo General de la Abogacía Española, en el que estuvieron presentes el menor y los abogados de la organización Marcelo Belgrano y Carmen Moles.
Según dijo, desde 2009 y “sistemáticamente”, se hacen pruebas de determinación de la edad “a todos los niños que llegan solos desde el África subsahariana y Marruecos”, a pesar de contar con documentos “originales expedidos por sus embajadas” y también cuando tienen “clara apariencia” de ser menores.
Durante su intervención, recordó que el Supremo prohíbe “claramente” que se realicen pruebas de determinación de la edad a niños que estén documentados. “Va más allá y dice que no sólo a los documentados, sino que incluso a los niños que a pesar de estar documentados su apariencia física sea la clara apariencia de un menor de edad”, indicó en alusión a las sentencias del Alto Tribunal dictadas el pasado verano.
También concretó que si la Fiscalía firma decretos de mayoría de edad, los menores quedan inmediatamente desamparados, cosa que ocurre no sólo en Madrid, donde Reyzábal dice haber sido testigo “del maltrato que sufren estos menores” por quienes tienen que defender sus derechos. “Sistemáticamente el fiscal da por hecho que los niños mienten”, agregó. De hecho, añadió que ocurre algo similar en Barcelona, en el País Vasco y en Melilla.
EN LA CALLE
Quienes protagonizan estos casos, afirmó, también se ven sin asistencia letrada, sin que el fiscal les haya visto o sometiéndose a reconocimientos médicos intimidatorios. Asimismo, aseveró que hay hospitales, como el Gregorio Marañón de Madrid, donde “en todos los casos” se certifica que los inmigrantes son mayores de edad.
A ello hay que añadir, según agregó, que los juzgados no adoptan medidas cautelares “prácticamente nunca”, por lo que “los niños se pueden tirar meses o años” de espera y cuando se resuelve su caso ya son mayores de edad. Incluso, añadió, las ONG “están pagando billetes de tren y autobuses a estos niños” para llevarlos a otros países de Europa.
“La realidad en la que todo esto se traduce al final es que a los niños se les deja en la calle con pasaportes y partidas de nacimiento que dicen que son menores de edad, que nadie modifica, nadie se atreve a cambiar la edad de nacimiento de esos niños; y con un decreto de mayor de edad del Fiscal que sólo sirve para destutelar y desproteger”, apostilló.
Esa contradicción provoca que estas personas no puedan acceder a recursos y servicios ni como mayores de edad ni como menores, ya sea a un puesto de trabajo o a la educación; quedan sin tutor y representante legal, no pueden acceder a la sanidad ni a permisos de residencia “y tampoco se les puede expulsar, en principio” aunque, según dijo, les consta “algún caso realizado por la puerta de atrás”. En casos extremos, Reyzábal denunció que los menores quedan en manos de redes de trata y explotación sexual.
Es el temor que la Fundación Raíces tiene sobre el caso de Rafik, que tendrá que acudir este jueves ante la Fiscalía. El joven marroquí fue sometido a pruebas médicas para determinar su edad a pesar de su apariencia infantil y de ser considerado menor a simple vista en reiteradas ocasiones por agentes de policía (de Melilla, Granada, Jaén y Madrid) desde que llegó a España hace casi cuatro meses. Es más, la documentación remitida recientemente por Marruecos coincide con la versión de éste.
Según relató, Rafik tiene varias fechas de nacimiento e identificaciones reconocidas por la Administración española. En Granada se le acreditó como menor, pero posteriormente en Madrid se le ha dado otra “para poderle expulsar”, después de haber pasado incluso por los calabozos.
DEMANDA CONTRA EL PROTOCOLO
Pocos días después de que el Supremo se pronuciase sobre las pruebas de edad a los menores extranjeros, los ministerios de Justicia, Interior, Empleo, Sanidad y Exteriores y la Fiscalía General del Estado firmaron un protocolo marco sobre actuaciones en relación con estas personas que lo contradice.
En concreto, afirma la Fundación Raíces, el protocolo debería ceñirse a aspectos de coordinación interadministrativa en lo referente a la realización de pruebas de edad a menores documentados. Además, también según Raíces, el fiscal realiza pruebas médicas a menores extranjeros de forma sistemática “a pesar de su claro aspecto físico de menores”.
En resumen, el protocolo es “contrario” a las sentencias del Supremo, por lo que la Fundación Raíces está a la espera de contestación de la Abogacía del Estado a la demanda que ha presentado. Quien sí les ha contestado ha sido la Oficina del Defensor del Pueblo, que ha iniciado actuaciones ante la Fiscalía General del Estado y ante las autoridades policiales en relación con el procedimiento de determinación de la edad de Rafik, así como sobre el procedimiento sancionador iniciado en su contra.
Lourdes Reyzábal recordó, asimismo, que el próximo 4 de mayo se celebrará un juicio en Cádiz sobre la expulsión de un menor a través de la valla fronteriza de Ceuta, “un caso muy parecido al de Rafik”. No obstante, lamentó los casos de los menores extranjeros que no se llegan a conocer: “Aunque lo ha dicho el Supremo les da igual. Es impotencia. Igual que está ocurriendo en la valla, en las devoluciones en caliente. Ya sabemos que son ilegales, se están firmando protocolos y acuerdos para intentar legalizar lo ilegal”.