Irlanda vulnera el derecho al suicidio asistido, según enferma terminal

Dublín, 27 feb.- La legislación irlandesa vulnera los derechos de los discapacitados que quieren acabar con sus vidas pero necesitan ayuda para ello, afirmó hoy la defensa de una enferma terminal que pide que se autorice su suicidio asistido.

Marie Fleming, una exprofesora universitaria de 59 años que padece esclerosis múltiple, ha apelado ante el Tribunal Supremo irlandés después de que otra corte le denegase el pasado enero el derecho a que su marido le ayude a quitarse la vida.

En el segundo día de este proceso judicial, el primero de este tipo en Irlanda, su abogado, Brian Murray, aseguró que la actual posición sobre esta cuestión puede ser cambiada sin que ello siente un precedente y abra la puerta para que "otros" violen o abusen la legislación vigente.

En Irlanda, el suicidio asistido está prohibido en virtud de la llamada Ley de Derecho Criminal de 1993 y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel para quien "ayude, instigue, aconseje o procure" un suicidio asistido.

Murray aseguró hoy que a Fleming, quien lleva más de 25 años en silla de ruedas, se le está negando su derecho a recibir ayuda para acabar con su vida porque el Gobierno teme que, por ejemplo, las profesión médica podría "relajar" sus prácticas si se modifica la ley.

"Nuestra posición es que es posible diseñar una ley que beneficie al demandante de una manera en que no presente riesgo alguno respecto la muerte involuntaria de otros", apuntó el letrado.

En su opinión, el hecho de que "otras personas" podría violar la legislación y "causar muertes involuntarias" no constituye un "buen argumento legal" desde el punto de vista constitucional.

El abogado de la enferma, madre de dos hijos, insistió hoy en que la legislación vigente viola sus derechos personales y a la vida, de acuerdo con los principios recogidos en la Constitución irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.

El Tribunal Superior de Dublín, compuesto por tres jueces, desestimó el pasado 10 de enero estos argumentos al asegurar que la legislación "no infringe de manera desproporcionada" los derechos constitucionales de la demandante.

Los magistrados también consideraron entonces que la normativa actual está "justificada desde el punto de vista del interés público", pues contribuye a proteger a los más "vulnerables".

Ese tribunal aseguró que existe un "riesgo real" de que, incluso con "estrictas salvaguardas", la legalización impida proteger adecuadamente a los más vulnerables, como "los ancianos o los pobres", quienes "podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad".