Israel coacciona a los solicitantes de asilo del Cuerno de África, según HRW

Jerusalén, 9 sep.- Israel ha coaccionado de forma ilegal a unos 7.000 eritreos y sudaneses solicitantes de asilo para que regresen a sus países, pese a que allí corren riesgo de sufrir abusos como torturas y detenciones arbitrarias, denunció hoy Human Rights Watch.

En un informe titulado "Haced su vida imposible. La coerción israelí a los Solicitantes de Asilo eritreos y sudaneses a dejar Israel", la ONG afirma que algunos de los sudaneses que regresaron a su país fueron torturados y detenidos arbitrariamente, además de ser acusados de traición por haber estado en Israel, mientras que los eritreos también estuvieron expuestos a graves abusos.

El informe, de 83 páginas, documenta cómo la engorrosa normativa israelí frustra los intentos de los solicitantes de asilo provenientes de esos países de obtener protección según la legalidad internacional.

Las autoridades israelíes califican a los ciudadanos eritreos y sudaneses como una "amenaza" y los denomina "infiltrados", al tiempo que les niega el acceso a procedimientos de asilo imparciales y eficientes.

De esta manera, defienden que la consiguiente situación legal indefinida en la que se encuentran los solicitantes es motivo de detención, que HRW considera ilegal, y se produce por tiempo indefinido.

A esto se suma que la sola amenaza de ser detenidos fuerza a miles de ellos a abandonar el territorio de Israel.

"Aniquilar la esperanza de las personas de hallar protección, acorralándolas y afirmando luego que abandonan Israel voluntariamente es una medida a todas luces abusiva", observó Gerry Simpson, destacado investigador sobre asuntos relacionados con refugiados de la organización y autor del informe.

"La alternativa que enfrentan los ciudadanos eritreos y sudaneses en Israel es vivir constantemente atemorizados ante la posibilidad de pasar el resto de sus días en centros de detención en el desierto, o exponerse a ser detenidos y sufrir abusos en su país de origen", agrega.

En 2006, comenzaron a llegar a Israel eritreos y sudaneses a través de la península del Sinaí en Egipto, que huían de situaciones de conflicto y constantes violaciones de derechos humanos en sus países de origen.

Cuando Israel cerró su frontera con Egipto en diciembre de 2012, unos 37.000 eritreos y 14.000 sudaneses habían entrado en el país.

De acuerdo a la ONG, en los últimos ocho años, las autoridades israelíes han aplicado diversas medidas coercitivas orientadas a "hacerles la vida miserable" e "instar a los ilegales a que se vayan", en palabras del ministro de Interior de Israel, Gideon Saar, y de su predecesor en el cargo.

Entre ellas, se incluyen detenciones por períodos indefinidos, obstáculos para acceder al sistema de asilo israelí, el rechazo del 99,9 por ciento de las solicitudes de asilo de ciudadanos eritreos y sudaneses, políticas ambiguas con respecto a la posibilidad de trabajar y acceso sumamente restringido a la sanidad.

Desde junio de 2012, se han practicado miles de detenciones por tiempo indefinido de nacionales de esos países por haber ingresado de forma ilegal en el país tras atravesar un cruce fronterizo.

Hace un año el Tribunal Supremo israelí dictaminó que ese tipo de detenciones era ilegítima y desde entonces, refiere el informe, las autoridades comenzaron a exigir a las personas originarias de Eritrea y Sudán que vivieran en el centro de detención de Holot, ubicado en el desierto Negev, donde según diversas denuncias, las condiciones de vida vulneran el derecho internacional.

HRW insiste en que la única forma que tienen los detenidos de esos países en ser liberados es siendo reconocidos como refugiados, misión prácticamente imposible debido a que de manera sistemática se rechazan las solicitudes de asilo y no se tiene constancia de que se estudien los casos presentados.

"El efecto combinado de estas políticas es que eritreos y sudaneses no tienen otra opción más que la perspectiva de pasar una vida detenidos en Israel o regresar a un país donde posiblemente sean perseguidos y sufran otros graves perjuicios", concluye el informe.