Las Palmas de Gran Canaria, 30 ene.- Jueces para la Democracia (JpD) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) han "condenado enérgicamente" las "medidas de internamiento gratuitas o de modo automático" aplicadas a los inmigrantes supervivientes de la patera que chocó contra una patrullera de la Guardia Civil en Lanzarote.
Ambas organizaciones han expresado esa condena en un comunicado que han difundido con el propósito de "llamar la atención pública sobre la situación de extrema vulnerabilidad en la que se encuentra el colectivo de inmigrantes víctimas del accidente ocasionado como consecuencia del choque de la patera en la que viajaban con una patrullera averiada de la Guardia Civil", ocurrido en diciembre.
Para las dos organizaciones judiciales, estas personas son "víctimas de un accidente que necesitan toda la ayuda, el sosiego, la asistencia sanitaria y médica posible para poder superar un accidente que les ha ocasionado lesiones, en el que ha corrido riesgo su vida y en el que han visto morir a sus compañeros", subrayan en su escrito.
En él se afirma que enviar a inmigrantes llegados irregularmente al territorio español a centros de internamiento de extranjeros, como se ha hecho con los supervivientes referidos, "supone una privación de libertad para personas que no han cometido delito alguno" y que, por ello, "debe valorarse como una medida a acordar en última instancia".
Y no "sin hacer valoraciones a cada caso concreto", añaden JpD y UPF, que reclaman, además, "la necesaria protección de los derechos fundamentales en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco", adonde fue enviada la mayoría del grupo de diecisiete inmigrantes que sobrevivieron al choque de la patera, en la que la que declararon que viajaban veinticinco personas.
"Máxime en la medida en la que consideramos que el centro de Barranco Seco es un antiguo centro penitenciario con deficitarias y mínimas condiciones de habitabilidad e higiene, atención médica, visita de familiares y ONG, y limitación en la comunicación y libertad", se destaca en su escrito.
JpD y UPF quieren salir al paso, además, del debate surgido en torno a este suceso sobre la posibilidad de que personas cuya mayoría de edad fuese dudosa sean enviadas a un centro de internamiento de extranjeros, cuando los menores deben ser puestos bajo custodia de los servicios sociales competentes.
El pronunciamiento de estas asociaciones profesionales se produce en la víspera de que mañana, jueves, los seis juzgados de lo Contencioso Administrativo de Las Palmas de Gran Canaria celebren vistas para decidir si procede o no llevar a cabo la expulsión o no de trece de los inmigrantes que viajaban en la patera siniestrada, todos ellos marroquíes.
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